La arremetida judicial y la encarcelación de opositores como el resonante caso del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que fue detenido y luego liberado a las pocas horas, se volverán contra el gobierno bolivariano como un boomerang político en medio del fragor de la batalla electoral de los próximos meses, cuando una nueva denuncia contra el presidente Hugo Chávez llegue a los tribunales de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Según le adelantó a PERFIL uno de los abogados que trabaja en la presentación judicial, se trata de una ampliación de los casos interpuestos en 2004 contra la administración chavista y que el procurador argentino Luis Moreno Ocampo aún no evaluó como prueba suficiente para iniciar una investigación de oficio en el país sudamericano.

Ahora, se incluirán las nuevas detenciones controvertidas sobre las que el chavismo hizo foco en los últimos tiempos, y recurrirán a los conceptos vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Caracas para reforzar sus argumentos.

"Nos enfrentamos a la última etapa de la avanzada del gobierno sobre la Justicia: la dominación Ejecutiva del Poder Judicial. Acá no se dio un genocidio pero sí estamos ante privaciones ilegítimas de la libertad que lesionan la humanidad de los involucrados, enmascarando las verdaderas razones políticas como delitos comunes", destacó Alfredo Romero, quien presidió hasta hace poco el colectivo de organizaciones judiciales Foro Penal Venezolano y ahora busca llegar a la Asamblea Legislativa en los comicios de septiembre con una candidatura independiente. El propio Romero, junto a los letrados que trabajan en la recopilación de pruebas para Moreno Ocampo, cargan con una acusación por "traición a la patria" en los tribunales venezolanos.

El conjunto de nuevas evidencias que enviarán al fiscal argentino incluye 25 casos de personas recluidas al día de hoy, como el ex gobernador de Zulia, Oswaldo Alvarez Paz, en prisión desde el lunes por declarar en un programa de Globovisión que Venezuela amparaba el narcotráfico. Otro caso es el de Richard Blanco, ex prefecto de Caracas, encarcelado luego de participar de una marcha opositora. También figura Raúl Baduel, ex ministro chavista que está en prisión luego de criticar al gobierno.

La cifra de presos políticos relevados asciende a más de trescientos si se añade a aquellas personas con un proceso abierto en su contra y sobre quienes pesa la amenaza de ser detenidos en cualquier momento. En esta lista, figura Zuloaga, el periodista Gustavo Azócar y hasta el dirigente universitario Julio César Rivas, procesado por "instigación a la guerra civil" cuando marchaba contra la nueva Ley Orgánica de Educación. A ellos se suman los casos de autoexiliados en España, Canadá e Inglaterra. En esta situación se encuentra Manuel Rosales, ex candidato presidencial de la oposición que tuvo que pedir asilo en Perú.

Quizá uno de los casos más llamativos incluidos en esta nueva presentación sea el de la jueza María Lourdes Afiuni, responsable de ordenar la liberación del banquero Eligio Cedeño, tras pasar dos años detenido sin sentencia judicial. Al día siguiente de disponer su excarcelación, la magistrada fue ella misma detenida por formar parte de un plan para permitir la huida del empresario.

Al día de hoy, el hermano de Afiuni recorre los pasillos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dar difusión a su caso, mientras la jueza mantiene su contacto con el exterior a través de Twitter: "Un día más de injusticias, que pena ajena, pero ¡¡¡seguimos de pie!!!", escribió ayer mismo la magistrada.

"En el país no hay detenidos políticos sino que existe justicia, porque quien comete un delito debe cumplir con la legislación y la Constitución y ser responsable de lo que dice. Todas estas declaraciones contra el gobierno forman parte de un plan para tratar de desestabilizar al país", rechazó Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional. Y disparó con dureza contra Zuloaga por intentar fugarse del país cuando fue detenido en el aeropuerto Josefa Camejo, en Paraguaná, el jueves último. "Yo no me escapo del país. No tengo interés en irme de Venezuela ni van a lograr que me vaya bajo ninguna amenaza", retrucó el empresario a través de PERFIL, en una entrevista publicada en la edición de ayer.

"Nosotros confiamos en Moreno Ocampo. Y creemos que la CIDH ha demostrado su integridad en el pasado, cuando denunció crímenes de lesa humanidad en otros países. Sin ir más lejos, en Argentina", se esperanzó Romero, quien reveló que mantiene un fluido contacto por correo electrónico con el procurador argentino. En sus manos descansará, a partir de los próximos meses, el escenario de las elecciones legislativas que pueden alterar el balance de fuerzas en el país.