"No hizo expediente, no lo mandó a la Escribanía General de Gobierno, no lo hizo ratificar por el gobernador Das Neves y, encima, le puso fecha abierta", criticó el diputado Carlos Lorenzo.

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical decidió poner en marcha el procedimiento para la destitución del Fiscal de Estado, Diego Carmona, y anunció la voluntad de presentar una denuncia penal para que se investigue la actuación de ese funcionario en la contratación directa de dos abogados privados para reclamar judicialmente a la Nación por la liquidación de regalías petroleras a la provincia.

La decisión se conoció ayer durante la sesión legislativa, ocasión en la que el radicalismo anticipó que ese bloque avanzará en su análisis de los restantes órganos de contralor previstos en la Constitución Provincial.

“El funcionamiento de estos órganos deja mucho que desear. No controlan absolutamente a nadie y han dejado de ser tales”, señaló el diputado Carlos Lorenzo, mencionando al Tribunal de Cuentas y la Contaduría General contemplados en la Sección V de la Constitución de la Provincia.

Lorenzo planteó la cuestión a partir de la respuesta ingresada a la Cámara de Diputados a un pedido de documentación sobre la contratación de los doctores Tomás Hutchinson y David Andrés Halperin de la Ciudad de Buenos Aires para el litigio a Nación por regalías mal liquidadas.

Falta de respeto

“Se ha hecho con una total falta de transparencia” y la respuesta “es una total falta de respeto al Poder Legislativo”, aseguró el diputado radical, revelando que “el Dr. Carmona contesta enviando una expediente de 127 fojas de las cuales 118 ya estaban en otro del año 2006, en la gestión anterior, enviado por el Dr. (Jorge) Miquelarena”.

“Qué actuaciones llevó adelante? Qué compulsa realizó?. No estamos hablando de dos pesos ni de tres caramelos en un quiosco. Estamos hablando que fueron a contratar en forma directa dos personas para litigar, en nombre de la Provincia, por un monto superior a 900 millones de dólares”, sostuvo el legislador radical, detallando el contenido de las restantes fojas del expediente.

“Media carilla”

Lorenzo recordó la responsabilidad de la Fiscalía de Estado, fijada en el artículo 215 de la Constitución Provincial, acerca del control de legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio, y cuestionó que esa exigencia se limita “a media carilla” en la que el Dr. Carmona resuelve designar a los dos profesionales.

“El Dr. Carmona debe conocer que en esta Provincia existe una ley de procedimiento administrativo que lo obliga a fundar sus actos y que debería haber ejecutado un expediente y emitido una resolución planteando esta contratación”, añadió.

Lorenzo planteó la sospecha de “que la addenda de diez renglones en media carilla aparece como consecuencia del pedido de informes y –dijo- cómo no se tenía armado expediente se mandó el mismo que había enviado Miquelarena con 118 fojas iguales”.

“Carmona, que tiene que velar por los actos de legalidad del Estado, no hizo expediente, no lo mandó a la Escribanía General de Gobierno, no lo hizo ratificar por el gobernador Das Neves y, encima, le puso fecha abierta. Mientras tengan salud, estos abogados van a litigar por las regalías mal liquidadas”, continuó.

Estructura innecesaria

Lorenzo preguntó para qué “el Estado Provincial tiene semejante estructura de abogados si se tiene que requerir la presencia de privados” e insistió en que la respuesta de Carmona desconoce que la ley de Fiscalía de Estado “solo lo autoriza a llevar adelante una designación de un abogado privado cuando fuera necesario”.

“Esto es un convenio, no una designación, para litigar por cerca de 1000 millones de dólares”, añadió, señalando que “a nadie le quedan dudas que esos abogados se llevarán un porcentaje desconocido porque no está puesto en ningún lado”.

Violaciones a la ley

Lorenzo dudó también sobre la necesidad de contratar por “una cuestión que pareciera no ser de tanta complejidad” y acusó al fiscal de Estado por la violación a la ley de procedimientos administrativos y el incumplimiento de la ley de Escribanía de Gobierno al desconocer la obligación de protocolizar los convenios, además de ignorar el rol constitucional de la Legislatura de aprobación de los mismos.

“Estas cuestiones las debería saber el Fiscal de Estado y estamos convencidos del incumplimiento de esas normas”, subrayó, adelantando la decisión del bloque radical de “poner en marcha el procedimiento para la destitución y de presentar una denuncia penal por el procedimiento llevado a cabo en la contratación de estos abogados”.