El presidente de la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas (AMUCHAFE), Carlos Gómez valoró el accionar de la Justicia y de la Defensoría del Pueblo en contra de las cuevas financieras que bajo el ropaje de cooperativas y mutuales entregan prestamos con intereses usurarios a empleados públicos y jubilados. Señaló que hay que denunciar a estas entidades de dudosa legalidad.

"Nosotros decíamos que si saben de esas cuevas que están disfrazadas como cooperativas hay que denunciarlas", dijo Gómez en diálogo con Radio Libertad. "Lamentablemente como organización gremial no tenemos el poder de policía para poder saber o por lo menos recurrir a aquellas mutuales que dicen ser financieras encubiertas", añadió.

Gómez aprovechó también para diferenciar a aquellas cooperativas y mutuales que si bien entregan ayudas económicas lo hacen dentro del marco de la ley y con intereses que cumplen la normativa vigente. Lo hizo tras recordar que el gobierno provincial decidió vía decreto quitar los códigos de descuentos (utilizados para cobrar los préstamos directamente de la caja de ahorro del beneficiario) a todas las mutuales y cooperativas. Para Gómez, esto fue injusto para las entidades que están dentro de la ley y remarcó que para luchar contra este flagelo hay que denunciar a quienes cobra intereses usurarios y no hacer pagar a justos por pecadores.

"Con el Defensor del Pueblo veníamos hablando cuando salió el decreto 1082, donde nosotros veníamos denunciando que ese decreto perjudicaba a aquellas entidades que tenían menos de 2000 asociados. Ese decreto salió a raíz de que los funcionarios decían que habían cuevas financieras y que los culpables de esas deudas que tenían los empleados públicos tanto activos como pasivos eran las mutuales", recordó.

"Nosotros salimos a defender esa posición porque en primer lugar no somos los culpables del endeudamiento de esos empleados. Además, hay un decreto que es el 2042 del año 2000 donde establece los porcentuales que le corresponde a cada mutual descontar de su salario de acuerdo a la cuota y al servicio que le brinda la mutual, que es un 60% y el otro 40% lo dispone el empleado y después el banco es el que le realiza un adelanto en ese 40%", sostuvo.

"Las mutuales reciben el aporte del asociado y con ese aporte la mutual le puede dar diferentes servicios, como subsidios por nacimiento o por fallecimiento. O por cualquier motivo que considere en la asamblea porque cualquier asociado tiene vos y voto. Ese servicio tiene que ser reglamentado y aprobado por el INAES. Al declararse el decreto 1082 nos encontramos que le hacen el retiro de códigos de descuentos a aquellas mutuales que dan servicios y ayudas económicas para comprar medicamentos, para pagar el plus que a veces cobran los médicos, o para viajar por un problema de salud o viaje de placer, o lo que sea. También está la misma hotelería, un caso emblemático es el de AMUDOCH", ejemplificó.

"Esos son los servicios sociales que dan las entidades mutuales y por eso decimos que no puede haber discriminación. Pero sí hay medios legales como la ley 6676 que establece que ECOM debe configurar los recibos de haberes de acuerdo a los servicios que presta la mutual. Hay instrumentos donde se le da la posibilidad de controlar y de identificar a las personas que a través de las figuras jurídicas de la mutual hacen negocios propios", sostuvo.