Debido al constante incumplimiento por parte de los estados Nacional y Provincial en efectivizar el pago del 82 por ciento móvil para la masa de jubilados transferidos con los que cuenta la comarca, y por iniciativa del senador José Cano (UCR),se impulsó la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En tal requerimiento se establece una denuncia a la Argentina por incurrir en una violación a los derechos humanos que se encuentran garantizados en diversos Pactos Internacionales que poseen rango constitucional en nuestro país. De acuerdo a lo señalado por Vanessa Lucero, jurista que patrocina dicha presentación, su objeto radica en denunciar "la negativa sistemática del Estado provincial a dar cumplimiento a las sentencias firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada que lo obligan al pago de diferencias jubilatorias a los pasivos transferidos. En virtud de ello, se solicitará una medida cautelar colectiva a fin de que se intime al Estado a dar cumplimiento con las sentencias", indicó.

Asimismo, como argumentación que sustente este tipo de planteamientos, se adujo que el incumplimiento por parte de una de las provincias a las obligaciones internacionales de respeto y protección a los derechos humanos compromete, al mismo tiempo, la responsabilidad del gobierno federal. En tal sentido, la operatividad que se le impondrá a la presentación se basará en el análisis de los hechos por parte de la Comisión para luego proceder a efectuar recomendaciones al Estado denunciado e incluso con posibilidades de arribar a un acuerdo. Respecto a ello, el organismo puede solicitar que Argentina tomo medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes, como es el caso enunciado con anterioridad.

Es más, ya existe un antecedente local en torno a este tópico, pues entre 1995 y 1999 la Comisión recibió diversas peticiones en contra del país en las que se destacaban violaciones a derechos o garantías en torno a la afectación sobre derechos previsionales.

Por este motivo, en Noviembre de 2009 la Comisión acordó con nuestro país en uno de los casos elevados a consideración ("Menéndez y Caride") pues se comprobó la violación a los derechos a la seguridad social promoviendo la protección judicial en un plazo de tiempo adecuado. De este modo, y en razón a lo consignado por el acuerdo suscripto, nuestro país se obligó a "instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones". A su vez, Argentina aceptó "no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiados" (en este caso, los jubilados que especificaron su problemática).

Cano objetó la negativa digitada para cumplir las sentencias que, en el caso de Tucumán, otorgan facilidades previsionales a casi 15 mil pasivos y cargó las tintas contra el Gobernador provincial. "(José) Alperovich se llenó la boca prometiendo por todos los medios esto mismo en el 2005, ya que la provincia podía sufrir judicialmente por el incumplimiento del pago, pero ya pasaron seis años de esas declaraciones y todavía hay un importante sector de pasivos que siguen esperando con todo lo que ello implica, porque la mayoría está falleciendo".

Además, caracterizó que estas personas pertenecían a organismos centralizados de la administración pública por lo que percibían gran parte de su sueldo en cifras no remunerativas. "Con los casi 800 empleados que designó el Ministerio del Interior, comandado por Osvaldo Jald, de diciembre de 2010 a marzo de 2011 se incrementó la planilla salarial en más de tres millones de pesos, me parece que con eso se puede resolver el problema de los jubilados", lanzó el senador.

Además, pronunció que "de nada valen las grandilocuencias doctrinas judiciales enunciadas en los fallos, si los Poderes Ejecutivos se niegan a hacerlas efectivas y no sirven para remediar la injusta situación que deben atravesar millones de argentinos en su edad más vulnerable, violados en sus derechos, estafados económicamente en sus haberes y condenados a la pérdida progresiva de su dignidad", remarcó el candidato a gobernador para las elecciones del 28 de Agosto venidero.