En el texto, al cual 0223 tuvo acceso, se indicó: “Reconocemos los avances en la edificación y remodelación de varias unidades sanitarias, la construcción del CEMA y la incorporación de tecnología de avanzada; todo ello pero con poco recurso humano, pues observamos a profesionales que emigran a trabajos mejor remunerados. Por ello hay demanda rechazada, es complicado para los pacientes conseguir turnos que van de 2 a 3 meses de espera”.

A renglón seguido, se añadió que “creemos que el derecho a la salud obliga a generar condiciones que garanticen la disponibilidad de los servicios de salud, pero también condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Creemos que el 2012 ha sido un año de logros pero que nos desafían a no olvidar lo que queda pendiente”.

A su vez, se recalcó que “nos parece imprescindible la concreción de anuncios realizados por esta gestión, como así también reclamos realizados en otras oportunidades por esta Asociación”.

En ese sentido, se reclamó “relocalización del Centro de Salud Nº 2, la construcción de CAPS Félix U. Camet, remodelación y la ampliación de CAPS Alto Camet, reparación del cielorraso del consultorio de odontología del CAPS Centenario que desde hace 2 años se derrumbó como asimismo su mantenimiento en general”.

Además, se sostuvo que “reclamamos insumos permanentes y mantenimiento de la aparatología existente en los CAPS. El no funcionamiento de los equipos, en estos momentos, en el Laboratorio del Centro de Salud n°2, impide realizar prácticas mínimas de guardia. Ejemplos: Glucosa, hepatograma, amilasa, bilirrubina en neonatos. Muchos pacientes que les fueron asignados sus turnos para laboratorio de análisis, para noviembre y diciembre, no pueden realizarlos por la grave carencia de insumo”

Por otra parte, se le solicitó al gobierno de Pulti “optimización e incremento del recurso humano”.

“Continuaremos reclamando una carrera sanitaria municipal con base a la ley 10471 que sostienen nuestros compañeros de hospitales. Y el levantamiento del castigo del Ejecutivo a los 230 profesionales que mantienen, a pesar de ellos, un juicio laboral por no ser escuchados y que reclaman una categorización otorgada al resto de los profesionales marcando esta decisión del Ejecutivo, una flagrante discriminación al respecto”, concluye el documento rubricado por Teresa Leguizamon y Micaela Dambra.