El asesinato de Marcelo Arias, el ingeniero mendocino que apareció flotando en las aguas del río Suquía el 19 de julio de este año, volvió a poner sobre la lupa el sistema de licitaciones y adjudicaciones que la Provincia ha puesto en marcha para construir gasoductos en varias regiones. Una de las obras más importantes está realizándose en el sur, en el sector de la ruta 8.

En 2012, el Frente Cívico había presentado una denuncia por las sospechosas actividades de una consultora mendocina, que recaló en Córdoba de la mano del ingeniero Roberto Martín y que cobró cifras millonarias para asesorar a los intendentes que estaban nucleados en tres entes intercomunales que trabajaban en la construcción de los gasoductos en sus zonas: los jefes comunales de Sierras Chicas, los de la ruta Nº 8 -que está integrado por Canals, Alejo Ledesma, Benjamín Gould, Arias, Cavanagh y Guatimozín- y los de la ruta 7 -Viamonte, Pueblo Italiano, La Cesira, Aldea Santa María, Rosales y Laboulaye.

Estos jefes comunales le habrían pagado a Newen, la consultora de Martín, más de 1.500.000 pesos por un asesoramiento que, en realidad, no tenía razón de ser porque Ecogas hacía esos trabajos de manera gratuita para los gobiernos municipales. El Frente Cívico y Social denunció en marzo de 2012 que Newen no había aparecido de la nada sino que firmó un contrato millonario porque su dueño original, Martín, además era funcionario provincial.

Según la denuncia del Frente Cívico, el 8 de marzo de 2006 el Ente Intercomunal de las Sierras Chicas firmó un acuerdo con Newen por servicios de consultoría. En ese momento, la firma estaba representada por Roberto Martín y su esposa. Tiempo después, en 2007, ese ingeniero fue designado como secretario de Transporte y Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.

Para el Frente Cívico, Martín estaba de los dos lados del mostrador porque mientras era funcionario su empresa pasó a manos de su esposa y mantuvo los vínculos con los intendentes. Posteriormente, como dueño de Newen apareció Marcelo Arias, el ingeniero que finalmente fue víctima de un crimen mafioso (lo golpearon salvajemente y le quebraron los codos antes de lanzarlo al río).

Este diario reveló que al momento en que Arias fue asesinado, todavía mantenía vínculos con los municipios de la ruta 8. El intendente de Arias, Juan José Cortese, relató que le pagaban al ingeniero mendocino un sueldo de 12 mil pesos mensuales para ser el representante técnico en el proyecto del gasoducto. Si bien aseguró que ya no tenían ningún contrato con Newen, sí admitió que a Arias se los había recomendado Martín, el funcionario denunciado por el Frente Cívico y quien sería aún el propietario real de la consultora Newen.

Las operaciones

Ricardo Fonseca es legislador del Frente Cívico y vicepresidente primero de la Unicameral. Es quien llevó adelante la investigación por las contrataciones y los pagos a Newen y asegura que las maniobras de la Provincia para beneficiar a empresas amigas no se terminan allí. Sumó otros elementos a la causa judicial y relató a PUNTAL el entramado de relaciones y los mecanismos que se utilizarían para que los gasoductos de Córdoba queden en manos de un reducido grupo de firmas.

Fonseca detalló que Roberto Martín no es el único funcionario sospechado de direccionar contrataciones en el Estado. Les apuntó a otros tres nombres que no son conocidos públicamente pero que constituyen piezas clave en el equipo gubernamental que diseña los proyectos de los gasoductos y prepara las licitaciones.

“Ricardo Luis Ottogalli, Miguel Majul y Gustavo Gattoni, tres ex integrantes de Ecogas, ingresaron al gobierno en épocas de José Manuel de la Sota. Simón Dasensich, que había trabajado con el primero en Gas del Estado, era presidente de Epec. Allí arriban Majul como vicepresidente; Gattoni como director general y Ottogalli como director de Infraestructura y Programas”, detalla Fonseca.

El legislador del Frente Cívico mencionó a esos tres funcionarios como “operadores”.

Uno de ellos también participó en una polémica obra provincial, que hoy está en la Justicia: la construcción de la Central de Pilar. Se trata de Ottogalli, que en diciembre de 2006 fue designado por Hugo Testa, ministro de Obras y Servicios Públicos, como representante oficial para integrar la comisión especial de asesoramiento para la adjudicación de las licitaciones públicas relacionadas con la Central. El nombramiento aparece en la resolución Nº 459 del 26 de diciembre de 2006. La obra finalmente terminó envuelta en un escándalo porque comenzó costando 300 millones de dólares y actualmente está en más de 1.000 millones de dólares. El salto en el costo jamás fue convincentemente aclarado ni por el gobierno de Schiaretti, que construyó la obra, ni por el de De la Sota, que comenzó el proceso en 2006.

Los tres funcionarios ocuparon cargos importantes en el Ministerio de Obras durante las gestiones de Schiaretti y de De la Sota. En febrero de 2012, el actual gobernador designó como secretario de Desarrollo Energético a Majul, como director General de Infraestructura y Combustibles a Ottogalli y como Director de Desarrollo Energético a Gattoni.

Los gasoductos cordobeses contemplan un gasto global de 1.000 millones de pesos; están entre las obras más trascendentes del Estado en términos estratégicos, productivos y presupuestarios.

“A pesar de que nombró a los mismos funcionarios, De la Sota quería anular las licitaciones de los gasoductos. Su idea era procurar una nueva instancia para operadores amigos y de su confianza: Andrade Gutiérrez S.A. y Britos S.A, cuyo propietario sería Horacio Miró, el hombre que traza la ingeniería financiera internacional (de la Provincia)”, señaló Fonseca.

El legislador opositor relató que en Córdoba hay numerosas empresas calificadas para construir gasoductos. “Sin embargo son muy pocas las beneficiadas. Un núcleo selecto se presenta y se queda con las adjudicaciones desde hace muchos años. Empresas que intentaron ingresar quedaron afuera por la aplicación de un sistema de pliegos

excluyente”, señaló.

El relevamiento que realizó el Frente Cívico señala que en los últimos 12 años las obras de gas se distribuyeron entre un número acotado de firmas. Fonseca indicó que los encargados de esas adjudicaciones son los tres funcionarios provenientes de Gas del Estado y que estuvieron en cada una de las gestiones de Unión por Córdoba.

Un listado con obras de gas por 298,6 millones de pesos indica que Aclade SRL, GYHB S.A. y Concor S.A. se quedaron con la gran mayoría de los proyectos entre 2004 y 2011. De 21 obras en toda la provincia, Aclade se quedó con 12. En algunas aparece en UTE con Concor o con GYHB S.A. o con Romero Cammisa Construcciones SRL. En el resto está principalmente Concor S.A y en menor medida GYHB S.A.

En la Legislatura hay pendiente un proyecto de citación al ministro Testa, al titular de Ambiente y Energía de la Provincia, Manuel Calvo, y a Ottogalli para que expliquen cómo se hicieron los procesos licitatorios, la adjudicación y la ejecución de los gasoductos, muchos de los cuales están paralizados o con fuertes retrasos.

Pero, además, Fonseca reclama que la Justicia vaya a fondo e investigue el sistema de adjudicaciones que deja obras millonarias siempre en las mismas manos.