La filial de Acuba criticó la medida de los kiosqueros por "violar el régimen de defensa del consumidor, de la competencia y de lealtad comercial".
En ese sentido, el presidente y el asesor legal de la entidad, Gerónimo Rossi y Federico Alvarez Larrondo fundamentaron que "la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en autos 'Lucero', al tiempo de resolver en el año 2008 sobre el denominado 'servicio de Playa' -plus que cobraron algunos titulares de Estaciones de Servicio de la Provincia de Buenos Aires en ciudades como La Plata (y que en Mar del Plata no se efectivizó por la actuación preventiva en el año 2007 de la Oficina de Defensa del Consumidor local)-, resolvió expresamente que 'se advierte por parte de las accionadas una infracción de la citada normativa sustancial, destinada a la salvaguarda del derecho a la información al consumidor. Dicha vulneración se concreta con la colocación artificial de este 'plus' por un servicio inescindible del producto adquirido, como un capítulo independiente y no adicionado al precio final por litro publicado y exhibido de conformidad con las exigencias legales referidas en este apartado".
Desde la entidad recordaron que "los precios deben ser únicos y no pueden poseer agregados, tal como lo manda el artículo 2 de la Resolución 7/2002 de la Secretaría de Comercio de la Nación".
A su vez, entendieron que "la actuación concertada de todos los kiosqueros a través de su Cámara implica una violación palmaria y declarada de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 que establece las conductas que constituyen prácticas restrictivas de la competencia, como fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o efecto".
"Esta práctica está prohibida y será sancionada por la Ley de Defensa de la Competencia, que se integra a la Ley de Defensa del Consumidor".
Acuba pidió a la Cámara de Kiosqueros "cesar en la práctica ilegal, bajo apercibimiento de: iniciar acción judicial de consumo solicitando la cesación del obrar ilegal; solicitar en esa acción la devolución de todo lo cobrado por los kiosqueros nucleados a los consumidores, con más sus intereses; la aplicación de una multa civil destinada a los consumidores; radicar una denuncia ante la OMIC local a fin de que se aplique la sanción pertinente; y denunciar el obrar ilegal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, solicitando la intervención directa e inmediata del secretario Guillermo Moreno.
"Respaldamos el reclamo de los kiosqueros de nuestra ciudad de tener mayor rentabilidad, para lo cual comprometemos nuestro esfuerzo y apoyo" dijeron desde Acuba, pero consideraron que eso no se puede dar "cargando la ecuación sobre las espaldas de los consumidores".
Comentá la nota