El ex fiscal de estado fernando carbajal, quedó en el centro de una nueva investigación judicial que podría decirse es consecuencia de la mega causa "publicidad", en la que se investiga el destino de millonarios fondos que el Gobierno de Arturo Colombi utilizó para el pago de publicidad trucha o política.

Quien impulso la denuncia por el manejo de la publicidad, Guillermo González del Castillo, lo acusó ahora ante el fiscal Alejandro Chaín de "violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento y administración fraudulenta agravada en concurso real".

González del Castillo le enrostra a Carbajal una supuesta "omisión dolosa" de no intervenir en defensa del interés público "agraviado" por los desmanejos de la gestión de Arturo Colombi con los fondos destinados a solventar los gastos de publicidad oficial. Carbajal, a juicio de González del Castillo, estaba obligado por mandato legal a intervenir en defensa del "interés público agraviado" y al no hacerlo, habría incurrido en un rosario de figuras delictivas que de resultar homologadas por el magistrado interviniente podrían comprometer su libertad ambulatoria.

Siempre a tenor de lo manifestado por González del Castillo en su denuncia, el ex fiscal de Estado durante el período de Arturo Colombi habría declinado su responsabilidad de "ejercer el control de la legalidad de los actos administrativos del Poder Ejecutivo", en tanto "defensor y custodio de los bienes y recursos públicos que se encuentran en la esfera del Estado provincial".

González del Castillo recuerda en su escrito que el fiscal de Estado, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 175 de la Constitución provincial y leyes reglamentarias, por su carácter de "asesor jurídico sin subordinación del Poder Ejecutivo", tiene la responsabilidad indelegable de "ejercer el control de legalidad de los actos administrativos del gobierno central, organismos descentralizados y entes autárquicos, gozando para ello de una situación institucional de privilegio que compromete su responsabilidad por su conocimiento directo y personal de todos los actos de la gestión del Poder Ejecutivo".

Abundando en esa línea argumentativa González del Castillo recuerda el antecedente de la carta documento que le remitiera al entonces fiscal de Estado para anoticiarlo de la causa abierta por el manejo irregular de los fondos de publicidad oficial y peticionar su intervención como querellante en el expediente en cuestión. Como Carbajal hizo caso omiso al requerimiento del denunciante, González del Castillo infiere en su reciente presentación que el depuesto funcionario incumplió deliberadamente con la responsabilidad inherente a su función, lo que daría pábulo a la acusación del periodista.

Tal desistimiento, entiende González del Castillo, se encontraría encuadrado en el delito de encubrimiento y administración fraudulenta en grado de partícipe necesario contra el Estado provincial, una figura del Código Penal que prevé la prisión efectiva del inculpado.