Un nuevo caso de supuesto despojo en una propiedad rural del oeste está en manos de la Justicia: Francisco Quiroga y Rosendo Coronel plantearon que mediante un engaño, quienes son sus vecinos pretenden despojarlos del lugar del que son poseedores y que habitaban desde hace unos 60 años.

El hecho ocurrió en la zona de Algarrobo del Águila, y de acuerdo al planteo de la abogada que representa a Quiroga y Coronel, se utilizó un ardid parecido al que se impuso en otros casos similares en la misma zona de la provincia.

La profesional -Alejandra Castro- pidió que se rechace el desalojo, al que consideró “improcedente”.

En este caso, los aparentes perjudicados son vecinos de quienes se motorizaron para propiciar su desalojo. Ambas partes serían poseedoras de la propiedad desde hace tiempo, pero una de las partes se movió para “sacar” del lugar a la otra.

Supuesto “acuerdo”

El desalojo es ordenado a partir de un supuesto “acuerdo” dado por quienes serían las víctimas. Su abogada dice que está “viciada la voluntad de mis mandantes, quienes mediante engaños desplegados por el accionante fueron inducidos al otorgamiento de un documeto de contenido desconocido para ellos”.

La realidad es que Quiroga y Carmen Molina -ahora fallecida, la madre de Coronel- “son iletrados, por lo cual el acto jurídico se encuentra viciado en la voluntariedad”.

Ellos “ocuparon estas tierras cuando eran inhóspitas y el campo se hallaba totalmente abandonado”. Sus padres murieron en esas tierras (...). Siempre han vivido en el campo, aislados de todo medio de comunicación y sin ningún tipo de asesoramiento respecto de sus derechos posesorios”.

También se demanda la nulidad del instrumento privado -los contratos de arrendamiento- por carecer del requisito de validez: así se refiere a una firma, que no habría sido colocada.

Para la representante legal de Quiroga, el desalojo no tiene razón de ser a partir de la nulidad de los contratos de arrendamiento. El fondo de la cuestión es que el “consentimiento” no tendría valor, porque “sus otorgantes son analfabetos”.

Los contratos de arrendamiento tienen fecha de 22 de noviembre de 2005 y 30 de marzo de 2006. Los denunciantes del desalojo insisten en que no sabían lo que estaban “avalando”. Fueron “engañados” por Godofredo Sepúlveda, según el planteo que hacen ante el Poder Judicial.

“Accedieron a prestar conformidad no con un contrato de arrendamiento, sí con un documento que según Seúlveda, vecino y persona confiable según mis mandantes, era la única forma que existía para seguir ocupando la tierra en las mismas condiciones que tenían”, agrega la abogada Castro.

“Los demandados son poseedores de la tierra, así lo han exteriorizado no sólo en todos los actos posesorios desplegados durante más de 20 años, en algunos casos duplicando o triplicando dicha antigüedad. La posesión se ejerció en forma pública, pacífica e ininterrumpida sobre toda la extensión que comprende el puesto ‘La Totora’”, añade.

“Los hoy demandados no han abdicado sus derechos, jamás han tenido la intención de declinar el derecho a la tierra que han ocupado a título de dueño por extensos lapsos temporales, la que consideran adquirida por el transcurso del tiempo y por la falta de interés de cualquier titular registral que jamás ocupó dichas tierras”, precisa la presentación.

Insiste en que los perjudicados carecen de instrucción escolar, “se desenvuelven en la vida cotidiana del campo a través de la palabra, de acuerdos simple en términos de contratación para su subsistencia y por ese mismo desconocimiento, confían en la palabra de personas que tienen el privilegio de saber más que ellos”, apunta.

Según el planteo, Sepúlveda logró que Carmen Molina “reprodujera las letras de su nombre (que le fueron puestas en un papel para su copia)” y que Quiroga “estampara la impresión dígito pulgar, respecto de un documento que ninguna intención ni conciencia querían realizar”.

Sepúlveda -de acuerdo a lo que cuenta la abogada- “les dijo que accedieran a dicho documento, pues de esta forma él les garantizaba el derecho de seguir usando y gozando de la tierra como durante todos estos años lo han hecho”.

Fueron “engañados en su buena fe”, redondea el planteo. E insiste en que “quien carece de conocimiento está imposibilitado de leer e inteligir con verdadera conciencia el alcance del teto que tiene por fin inmediato abdicar en favor del acto, los derechos posesorios que durante décadas mis mandantes han ejercido”.