El ex delegado del Colegio de Abogados en la circunscripción Norte de Tartagal, Daniel Iriarte Usandivaras, denunció públicamente un supuesto “negociado político” realizado en las esferas del Gobierno provincial que tuvo como resultado la designación del juez de Instrucción Penal de Segunda Nominación, Fernando Mariscal Astigueta, quien tiene en sus manos varias causas que podrían restarle votos al oficialismo en las próximas elecciones de abril.

El letrado norteño aseguró que “el negociado político que se realizó para la designación de este magistrado, tenía como condición que el juez -que asumió en sus funciones en agosto pasado- frenara esas causas o directamente no las resuelva al menos hasta pasados los comicios de abril de 2011”.

Además, Iriarte denunció que sobre Mariscal Astigueta “pesan severos llamados de atención de la Corte de Justicia de la Provincia”.

“La causa se durmió”

Daniel Iriarte Usandivaras es el asesor legal de Martín Almaraz, un plomero que dos años atrás, luego del alud que afectó a la ciudad de Tartagal, denunció que en el municipio norteño le usaban sus facturas para abonar supuestos servicios prestados por otros proveedores y cuya presentación en la Justicia llevó a juicio político al intendente Sergio Leavy, el que finalmente fue desestimado por la Corte de Justicia de la Provincia.

El letrado norteño recordó que en septiembre pasado “presenté un recurso de apelación, en noviembre una de las dos causas relacionadas por la instrucción fue apelada y fue a Salta, en tanto otra principal se sigue tramitando en Tartagal. El año prácticamente ha transcurrido sin que ninguna de las dos causas haya avanzado y esto tiene una razón política indudable”, aseguró.

El letrado, en declaraciones a la prensa, recordó que “la primera denuncia se realizó el 18 de junio del año 2009 y se tramitó sin mayores inconvenientes hasta febrero de 2010, pero desde allí, sorpresivamente, la causa “se durmió”.

Iriarte ratificó que hubo un arreglo político “porque ésta es la única causa que afecta directamente al Gobierno municipal y sus principales responsables, quienes tienen fuertes lazos e intereses políticos con el Gobierno de la Provincia. Estas causas seguramente los afectará para las próximas elecciones”.

“Esto lo confirma la demora en la investigación. Si desde hace un año hay suficientes elementos para imputar a responsables municipales de todos los delitos, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y delitos defraudatorios, y Mariscal no lo hace, es por demás evidente este negociado al cual me refiero”, manifestó Iriarte.

“Es el juez el que insta el procedimiento o lo duerme, como sucede en este caso. Tomando en cuenta que una de las causas está en apelación y que las elecciones son en abril, es evidente que este ‘adormecimiento’ que sufrió la causa ha servido de algo”, sentenció.