El titular de la organización no gubernamental No al Parquímetro, Juan Chavarri, denunció que “hay un gran negociado” en la concesión del tránsito medido, que podría profundizarse a partir del proyecto que envió el Gobierno porteño a la Legislatura, que prevé extender los parquímetros a toda la Ciudad y que vuelva el cepo que inmoviliza a los autos, que estaba fuera de uso.

Chavarri relató ante Noticias Urbanas que “en este tiempo, el Gobierno porteño está al servicio de las empresas concesionarias SEC y STO y no al revés, como debería ser, además de que las concesiones están vencidas desde hace 12 años y se vienen renovando ilegalmente”.

El titular de la ONG afirmó, además, que “las empresas hace años que no pagan el canon, porque existen causas judiciales y amparos. Esto hace que paguen solo 20 mil pesos al mes, a cuenta de futuros aumentos, lo que es una suma irrisoria para un negocio de mucho dinero. Con unos pocos acarreos lo pueden resolver, más aún desde que Macri se los aumentó, en septiembre del año pasado, de 190 a 350 pesos”.

La denuncia de Chavarri está relacionada con el proyecto que el Poder Ejecutivo porteño termina de presentar, en el que se plantea la extensión del sistema de parquímetros a diez mil cuadras de la Ciudad y la aplicación del cepo para los que excedan el plazo que marcan los relojes.

“Hace un tiempo –continuó Chavarri–, Macri quiso expandir los parquímetros a Barrio Norte, pero fue frenado por la presión vecinal, porque en esa zona la mayoría de los edificios tienen más de 40 años y, por lo tanto, no tienen cocheras”.

“Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió el titular No al Parquímetro.

A continuación, Chavarri se explayó sobre los alcances de la Ley Nº 4.003/11, por la que se estableció el llamado a una nueva licitación para otorgar a otras empresas el servicio, en el término de un año a partir de su sanción. “El plazo ya venció hace un año, pero las cosas siguen igual, es decir, se prorrogaron los contratos una vez más, lo que significa que las empresas siguen facturando mucho dinero, mes a mes”.

El defensor vecinal agregó además que “las grúas deben actuar, según esta ley, en un radio delimitado por las avenidas Pueyrredón, su continuación, Jujuy, Belgrano, Leandro Alem, Paseo Colón y Figueroa Alcorta. Ahora, el Gobierno propone extender su accionar a toda la Ciudad, para lo cual debería modificar la ley”.

“Es necesario también –manifestó el dirigente vecinal– que el Gobierno porteño recupere a los 180 agentes de tránsito que trabajan en las grúas. Estos hombres trabajan para las empresas y no para el Gobierno de la Ciudad, que es el que paga sus sueldos. Es decir, se utilizan nuestros recursos para servir a las empresas privadas”.

Por último, Chavarri manifestó que “ahora van a reimpulsar, de acuerdo con este proyecto, el uso del cepo para inmovilizar los coches que estén en infracción. Esto significa otro retroceso. Vemos que nunca se avanza y cuando se avanza un poquito, se vuelve a retroceder. Habíamos dejado de lado el cepo, que ya no se usaba, porque para colocarlo se debía disponer de un camión que circule lentamente por la calle, luego, al detectar la infracción, debía detenerse, después estacionar en doble fila y, finalmente, un empleado debía bajar a colocar el instrumento. Esto significaba dificultar el tránsito, que es lo que se debería dinamizar, algo totalmente contraproducente”.