Tres consejeros presentaron ante las autoridades provinciales un informe que expone cómo, hace meses, se evaden los pasos legales para la contratación y el pago de servicios y obras. La denuncia recae sobre Verónica Rodríguez Carer, Miriam Duo y Graciela Bianchi. Aparecen sobreprecios, obras de pésima calidad y empresas sin documentación.
En su misiva plantean que se estarían realizando acciones que "implicarían graves irregularidades e incumplimientos en el procedimiento administrativo". Y lo denuncian acompañando de gran cantidad de documentación respaldatoria.
"Estos hechos violan claramente los artículos 171 y 172 de la ley 13.688 y la ley de contabilidad provincial, pudiendo configurar esta sucesión de hechos irregulares ejecutados por las consejeras (Verónica) Rodríguez Carer, (Miriam) Dúo y (Graciela) Bianchi, en lo que se denomina modus operandi, dice la denuncia. Las mencionadas son la presidenta, la tesorera y la secretaria del Consejo Escolar; es decir, las firmas legales para que todo trámite pueda realizarse.
Los denunciantes adjuntaron fotocopias de sesiones del cuerpo colegiado de los períodos de diciembre/2010, enero, febrero y marzo/2011; fotocopias de ingresos y egresos de la Cuenta Bancaria de la Ley Fondo Compensador (Ley Provincial 13.010) y fotocopias de Libro de Mesa de Entradas de Notas para Consejeros Escolares de los períodos noviembre y diciembre/2010 y enero, febrero y marzo/2011.
A partir de los detalles que emanan de esa documentación –a la que accedió EL CIVISMO- y de los testimonios de denunciantes y testigos, se puede reconstruir el andamiaje mediante el cual el organismo estatal-educativo gastó importantes sumas de dinero, sin contraprestaciones acordes; simplemente sin que se sigan los pasos legales para dejar constancia de esas erogaciones, o solventando las actividades de empresas que carecen de la documentación mínima para trabajar como proveedores del Estado.
"De las actas de sesiones surge que muchos de estos trabajos realizados y abonados (en la documentación precedentemente detallada) no fueron ni tratados ni aprobados por el cuerpo, incumpliendo así lo dispuesto por el artículo 164 de la ley 13.688, el que dispone que sólo en casos de necesidad y urgencia de alguna institución, el Consejo puede disponer la ejecución de la obra en cuestión, pero su realización debe ser tratada en la sesión siguiente inmediata, y en los casos denunciados no se cumplió con esta obligación", indica la denuncia.
La reglamentación vigente establece que nada puede realizarse sin un paso por el cuerpo colegiado. En sesión se aprueba cada trámite para que siga su curso. Del mismo modo, se deben aprobar los presupuestos de obra o servicio.
En los meses a los que apunta la denuncia, se aprobó una ínfima parte de las obras y servicios que se pagaron, tal como puede corroborarse en las actas de cada sesión.
Según precisó a este medio el consejero Fabio Aranda, "la denuncia apunta a eso; a un proceso administrativo que no se realizó. O en todo caso, que el proceso administrativo es irregular".
Los mayores interrogantes se posan sobre la cuenta del Fondo Compensador, girada a los Consejos Escolares para reparaciones. A través de ella se manejan unos 100 mil pesos por mes.
El Consejo dispone cómo gastarlos y en su momento, para evitar la dispersión económica en arquitectos, constructoras o prestadores -a través del Departamento de Infraestructura Escolar- se había resuelto destinar el 40 por ciento de esos recursos directamente a todas las cooperadoras del distrito, divididos de acuerdo a sus matrículas. Con el resto se hacían reparaciones de urgencia. Sin embargo, esa modalidad sólo duró un año de la gestión presidida por Rita Jurina.
Hoy, los 100 mil pesos mensuales se destinan a reparaciones, sin distribución previa en las cooperadoras.
A ese dinero el Consejo suma, entre otros ingresos, una cuenta para Transporte, Desagote de pozos y Accesorios, y otra para financiar a los comedores.
También 30.000 pesos cuatrimestrales de una cuenta especial que se gira por gestiones directas de Gabriel Miranda (director provincial de Infraestructura Escolar Bonaerense) y que arroja un total anual de 90.000 pesos.
Ese dinero ingresa a la misma nebulosa de gastos que la denuncia detalla en los últimos tres meses, pero que estaría latente al menos desde mediados del año pasado.
FLOJAS DE PAPELES
La sospecha detrás de la denuncia se posa sobre empresas que son beneficiadas con los métodos irregulares y cobran por sus servicios sin que su trámite cumpla los mínimos pasos administrativos. Con un agravante: los controles respecto de lo que realizan en cada establecimiento prácticamente no existen. Sólo algunos son firmados por los arquitectos del Consejo, Darío Lucca y Gustavo Ricciardi, quedando en ellos la responsabilidad legal.
El método que implantó la dupla Carer-Dúo genera una competencia desleal manifiesta. Si una empresa gana una obra a través de una licitación, tendrá que cumplir hasta el último de los requisitos y a la hora de pagar tendrá controles detallados. Además, es probable que una vez finalizada la obra, tarde hasta tres meses en cobrar.
Otras empresas que hoy trabajan –y mucho- con el Consejo Escolar no presentan documentación, en sus legajos sólo tienen una fotocopia del monotributo y no firman contratos. A ellas el pago les sale de inmediato.
Uno de los denunciantes aseguró a este medio que "la modalidad tendría años; incluso salpicaría a los últimos meses de la anterior gestión de gobierno municipal".
Son los ejemplos lo que aportan claridad o, en todo caso, exponen lo turbio de las maniobras: una empresa de construcción cuyo titular es monotributista tiene que dar constancia de domicilio fiscal, y ante cada obra debe firmar un contrato previo y presentar los seguros de las personas que trabajarán en la obra. Si la misma empresa es responsable inscripto, debe acreditar domicilio fiscal y los impuestos al día, anexando los datos de todos los operarios.
En el caso del Transporte, el interesado a trabajar con el Consejo debe acreditar documentación completa de la empresa, del vehículo y de los conductores.
"Uno abre la carpeta de algunos de los proveedores que están bajo la lupa de la denuncia y sólo aparece una fotocopia de la inscripción como monotributista. No figura nada más y tienen tres obras simultáneas por mes o más. Facturan alrededor de 15 o 20 mil pesos por mes. Eso está prohibido", aseguró el consejero y denunciante Fabio Aranda.
En febrero pasado, de más de treinta obras o trabajos realizados, sólo siete pasaron por una sesión del Consejo. "Si no se hacía la denuncia ante las autoridades provinciales, uno nunca se entera cómo se hizo la obra, quién la hizo y cuánto cobró", indicó Aranda.
ARREGLOS Y COSTOS
Ante una emergencia o urgencia, las autoridades del Consejo pueden evitar la aprobación previa de un pago, pero en la primer sesión siguiente tienen que informar al resto del cuerpo. Sin embargo, bajo esa presunta "urgencia" se han facturado en marzo del corriente año servicios sobrevaluados y que no remiten a una emergencia.
Por ejemplo, se realizó un pago de 4.000 pesos a la empresa ATDO (Asociación Trabajadora del Oeste) por un corte de pasto y desmalezado en la Escuela 17. Esa tarea la llevó a cabo una firma creada en abril de 2010 –casi en simultáneo con el nombramiento de las actuales autoridades del Consejo- y que recibe los pagos previa presentación de boletas "C".
Se presume que pudo haber sido conformada con el aval de personas con contactos directos en el Consejo, asegurándoles que tendrían trabajo; dato que es difícil corroborar.
ATDO no sólo aparece con el oneroso corte de pasto. También en febrero de este año y con otra boleta "C", recibió 4.750 pesos por tareas de pintura en el Jardín de Infantes 919, sin gastos de materiales. Un consejero aseguró que la obra demandó apenas cuatro jornadas y es de una calidad paupérrima. A ello le agregaron la limpieza de dos tanques de agua con un cobro de 450 pesos por cada uno de ellos.
Las boletas de este prestador abundan, pero sus tareas no habrían sido avaladas en sesiones del Consejo. El 24 de febrero, por tareas no detalladas en los registros a los que accedió este medio, ATDO cobró otros 11.566,80 pesos. Fueron servicios no especificados brindados en tres establecimientos.
Según admiten los denunciantes, abundan los ejemplos. "Una directora me mostró un pedacito de revoque fino que le arreglaron en la escuela. Pagó una boleta por 2.500 pesos. Me preguntó si no me daba vergüenza", dijo Aranda.
Y siguió: "En otro caso, otra directora me cuenta del arreglo de un caño que tenía una pérdida de gas. Rompieron, lo taparon y le cobraron 3.000 pesos. Uno se entera de eso si pasa por la escuela, porque de lo contrario todo queda en el aire. Eso pasó durante años".
En Olivera también hay pruebas a la vista de los manejos incorrectos. Se habrían pagado más de 12 mil pesos por un arreglo menor de un techo, cuando se estima que el valor de mercado de esa tarea era de la mitad. La salvedad es que ese remiendo tendría la firma de aval de uno de los arquitectos del Consejo, con lo cual la responsabilidad legal pesa sobre él.
En los listados de control (y pruebas entregadas al director de Consejos Escolares Bonaerenses) a las que accedió este medio figuran decenas de pagos. En uno de ellos constan montos a pagar que los consejeros no saben si tienen un correlato con la realidad.
"Hay un pago por cerca de 3.000 pesos a una empresa que sólo presentó una fotocopia del monotributo. Esa empresa aparece muchas veces, pero en ese caso puntual no sabemos si cobró 3.000 por cambiar el cuerito de una canilla, saludar a las maestras y nada más", graficó Aranda, hoy huérfano de respaldo partidario.
Este consejero que supo acompañar a Miguel Prince, a María Inés Fernández, a Graciela Rosso y más tarde a Pablo Tonini, aclaró que en el "modus operandi", "sólo quedaría exenta parte de la gestión de Rita Jurina, porque la composición del Consejo era otra y la verdad es que no había un mango para hacer nada. Se agarró el Consejo con 1 millón de pesos de deuda y el Fondo Compensador no era de 1 millón de pesos por año, sino que la cifra no llegaba ni a la mitad".
Previo a la presentación de la denuncia, se sugirió a las autoridades del Consejo el armado de una comisión de Presupuesto que decidiera sobre las obras y las empresas que harían cada trabajo. Y que antes de cada sesión redactara un informe por escrito que pudiera ser votado por el resto de los consejeros. Esto se habló en marzo del corriente año, pero Carer, Duo y Bianchi, las denunciadas, se negaron.
A partir de la denuncia, Carer y Duo resolvieron hacer parte de lo que corresponde; esto es, que todo pase por el cuerpo colegiado, porque de lo contrario los consejeros amagaron con no dar más quórum y ante dos suspensiones seguidas el Consejo tenía que ser intervenido.
Aranda aseguró a EL CIVISMO que "lo único que hasta ahora salió a decir Carer es mentira. Dijo que tomaban las decisiones porque las cosas había que hacerlas y el resto de los consejeros no dábamos quórum. Acá tengo las fotocopias de las actas de sesiones y un listado de las sesiones de todo el año y también de las pocas que no se pudieron hacer porque no había quórum. En alguna de esas, una de las que faltaba era justamente Rodríguez Carer".
En febrero hubo cuatro sesiones; en marzo, cinco sesiones, una sola sin quórum. En abril, dos sesiones sin quórum en una de las cuales faltaron Carer, Locastro y Bianchi.
El martes pasado hubo sesión y de la denuncia no se dijo una sola palabra.
¿Qué puede suceder a partir de la denuncia ante el director provincial de Consejos Escolares? La ley indica que si el acto administrativo no cumple con las formas correspondientes, es un acto nulo. Por lo tanto, quienes tienen la firma (Rodríguez Carer, Dúo y Bianchi) tendrían que devolver el dinero en forma voluntaria.
En la actualidad, la denuncia y una alta pila de fotocopias pasaron al área de Auditoría de la Dirección de Consejos Escolares. Allí se presume que se calcularía el monto de lo que deberían devolver la presidenta, la tesorera y la secretaria del Consejo por un período que abarcan enero, febrero y marzo del corriente año; es decir, desde la renuncia a la tesorería de Cristina Locastro.
Fuentes del Consejo indicaron que la denuncia se concretó porque de lo contrario parte de la responsabilidad recaía sobre Locastro y la consejera pidió respaldo de sus pares para abrirse. "Ya era insostenible", precisó esa fuente.
Con todo, no se esperan resoluciones resonantes. Una de las personas que acercó a la denuncia a Bagu contó que la autoridad provincial dijo que él era "institucional" y que "contra Rosso no podía ir. Menos en la previa de una elección".
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