Días después de sufrir graves lesiones en un accidente automovilístico, los inmigrantes mexicanos Jacinto Cruz y José Rodríguez Saldaña yacían inconscientes en un hospital de Iowa, en el centro oeste de Estados Unidos, mientras la maquinaria burocrática del sistema de salud decidía qué hacer con ellos. Ambos tenían un seguro médico por medio de sus empleos en una distribuidora de carne, pero no autorización para estar en el país y no quedaba del todo claro si, una vez superada la emergencia, el seguro les pagaría la rehabilitación.

El Centro Médico Metodista de Iowa, en Des Moines, decidió actuar en función de sus intereses. Tras consultar con las familias de los dos inmigrantes, los trasladó en estado de coma a un avión privado que los llevó a México. Los deportó por su cuenta, sin consultar con autoridad judicial ni ejecutiva alguna. Cuando los pacientes se despertaron, estaban a más de 2900 kilómetros de distancia, en un hospital de Veracruz, en la costa de golfo de México.

Cientos, o quizás miles de indocumentados han vivido experiencias similares a manos de un sistema de remoción de personas que no depende del gobierno sino de los hospitales que, en su afán de lucro, tratan de reducir gastos. En entrevistas con inmigrantes, sus familiares, abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes, la agencia AP estudió lo que oficialmente se describe como "repatriaciones médicas", un proceso en el que los hospitales pueden embarcar a los pacientes en vuelos fletados, aun cuando estén inconscientes.

"El problema es que todo ocurre en una especie de agujero negro jurídico en el que no queda registro de nada", señaló Lori Nessel, directora del Centro para la Justicia Social de la Escuela de Derecho Seton Hall, que ofrece a los inmigrantes asistencia legal gratuita. Nessel manifestó su temor de que los hospitales amplíen ahora su política de deportaciones debido a la nueva reforma de la ley de atención médica, que contempla una fuerte reducción en el pago que reciben los hospitales que atienden a personas sin seguro médico.

Por ley, los hospitales tienen la obligación de recibir a todo paciente que necesite atención de emergencia, aun cuando no tenga recursos para pagar e independientemente de su status legal. Pero una vez que cesó la emergencia, la obligación desaparece. Los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen derecho al Medicaid, el programa estatal de asistencia para los pobres. Es por ello que los hospitales tratan de sacárselos de encima, enviándolos a sus países de origen. La cantidad exacta de casos es difícil de precisar ya que ningún área estatal lleva el registro.

De los dos mexicanos, Cruz llevaba en Iowa unos seis meses, y Rodríguez Saldaña poco más de un año cuando se accidentaron, en mayo de 2008. El seguro médico pagó más de 100 mil dólares por el tratamiento de emergencia de cada uno, pero no estaba claro si pagaría por la rehabilitación a largo plazo. Once días después del accidente estaban aún en coma cuando fueron metidos en el avión que los llevó a Veracruz. Rodriguez Saldaña, denunció que el hospital de Des Moines le dijo a su familia que se iba a morir. "Al hospital no le gustan los mexicanos, querían desconectarme y dejarme morir, decían que no podía sobrevivir", dijo.