La Auditoría porteña aprobó un duro informe sobre el monitoreo sobre "aspectos legales, financieros y técnicos" de una serie de obras del Gobierno de la Ciudad en la construcción de la línea H del subterráneo porteño. El organismo trabajó sobre las obras contenidas en la Licitación 144/10 que contemplaba la construcción de nuevos tramos, nuevas estaciones y obras complementarias en toda la línea y que fue adjudicada en 2011 a la UTE Techint-Dycasa.

El trabajo de auditoría, realizado entre marzo y septiembre de 2016, arroja una serie de observaciones graves. Entre las más importantes se cuentan las "indefiniciones en el proyecto constructivo que retrasaron las obras y generaron enormes costos extras para las arcas públicas; las deficiencia en las licitaciones que llevaron, entre otros problemas, a la anulación de las estaciones Pompeya, Sáenz y Plaza Francia -que fue reemplazada por la estación Facultad de Derecho-, la eliminación de obras y la reubicación de la cochera y el taller en Parque Patricios; el incumplimiento grosero de los plazos previstos; y la incorrecta aplicación de sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad a la contratista por obras entregadas fuera de los términos acordados". "Los errores de planificación de la gestión macrista perjudican las arcas del Estado y benefician a las grandes empresas contratistas. El macrismo promueve un Estado "bobo" (o más bien cómplice) que paga caro por obras realizadas con deficiencias y demoras" señaló Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría porteña, a SECCIÓN CIUDAD.

Desde la Auditoría, también remarcaron que "hay una observación del informe que, además de la gravedad, casi que se presta al humor (si no fuera porque cada día de demora de una obra de este tamaño le cuesta una fortuna a la Ciudad): una de las insuficiencias que demoró la obra del subte fue el desconocimiento de las características del suelo".

Según contaron a este medio desde el organismo de control porteño, el Gobierno licitó la obra de la línea H con un proyecto que "no estaba definido y que además tenía serias deficiencias en la planificación". Cuentan que esto generó "innumerables problemas, contramarchas y demoras". Sin embargo, denuncian que las multas que están contempladas para estos casos no fueron aplicadas. "Esta situación es un verdadero modus operandi del macrismo para beneficiar a las empresas contratistas. Tiene que quedar claro: cuando una obra se demora es negocio para las empresas porque eso permite un constante aumento de los costos por la vía de la redeterminación de precios, y en la gestión del PRO la demora de las obras es la regla" dijo Segura. "Cuando auditamos las obras del macrismo siempre aparece lo mismo: hay una connivencia entre la contratista y los funcionarios del Estado que tienen que controlar el cumplimiento de los pliegos. En el caso específico de esta obra hay, por ejemplo, una modificación irregular para beneficiar a la contratista que tenía todos los plazos de entrega vencidos. Por eso, digo que marca de la obra pública en la Ciudad es la relación turbia entre las contratistas y el PRO", remarcó la funcionaria.

"El macrismo con el subte ha fracasado rotundamente. Las obras se licitan mal, los proyectos están llenos de vaguedades por lo que hay que hacer cambios constantemente que retrasan los tiempos y agrandan los costos, y los resultados están a la vista: desde que gobiernan la Ciudad hicieron algo menos de seis kilómetros de subte. En el mismo tiempo, Santiago de Chile hizo 30 y la ciudad de México 24".

"La consecuencia final de todo este conjunto de falencias es que, según el pliego con el que se licitó, las obras que iban a llevar el subte hasta Pompeya en un extremo, y hasta la Facultad de Derecho, en el otro, deberían haber terminado en abril de 2015 y al día de hoy, más de dos años después, no se sabe cuándo estarán concluidas", afirman funcionarios de la Auditoría.