El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el 26 de agosto una licitación para decidir qué empresa de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) sería la encargada de cubrir los eventuales riesgos laborales de 116 mil trabajadores que integran su personal.

En menos de 15 días, luego de que se abriera la licitación para contratar el servicio de cobertura de riesgos, se descartó a dos de los tres oferentes y finalmente se optó por continuar el vínculo con la empresa Mapfre.

Si bien, el precio de cápita que ofrece es de 60 pesos, una cifra mayor que la que se paga en promedio por un empleado de la construcción o un trabajador minero (entre 45 y 55 pesos). El contrato anterior era por 30 millones de pesos durante un lapso de dos años y el presente pliego contempla un presupuesto de 180 millones por dos años. Algo completamente inexplicable para un Gobierno con bajísima tasa de siniestralidad.

En un tiempo absolutamente record para las licitaciones encaradas desde el sector público, la adjudicación al holding español que comercializa servicios en 45 países, motivó un pedido de informes por parte de la Legislatura y, además, la inminente presentación de un Recurso de Amparo para dejar sin efecto el nuevo contrato, que será patrocinado por el legislador y también abogado del Bloque Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova. Las otras oferentes que intentaron competir ante la supremacía de Mapfre fueron Consolidar ART y Prevención ART (del grupo Sancor Seguros).

Más allá de la llamativa despreocupación del ejecutivo por los incrementos en las cápitas, otros datos que pudo conocer La Política Online llaman la atención en este proceso. El pliego establecía de manera taxativa que, tener algún director o administrador que a la vez fuese Funcionario Público Nacional, Provincial o Municipal; era un impedimento para presentarse.

El Director Titular de Mapfre ART, Daniel Bescós, es a su vez Director en el Ministerio de Educación de la Nación y entonces, el GCBA limitó y reescribió esa cláusula. “O sea que el GCBA claramente se arrepintió de haber escrito la cláusula limitativa tal como fue concebida y que en realidad copió la misma limitación que estableció la licitación anterior del año 2005 adjudicada a MAPFRE en el 2006”, indicó una fuente a LPO.

Para calificar como oferente, también se exigía tener asegurados a un mínimo de 300.000 trabajadores en la zona de la ciudad, objeto del contrato, a la fecha del último balance publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Superintendencia de Seguros de la Nación.

Ese balance corresponde al ejercicio cerrado el 30 de junio del pasado año, fecha en la cual la única aseguradora del mercado que cumplía con esa condición era Mapfre. Teniendo como cliente al GCBA, Mapfre se convirtió en la única compañía en condiciones de cumplir con los 300.000 empleados asegurados en la ciudad al año 2009, partiendo del piso de 116.000 asegurados.

Hace poco más de un año, en mayo de 2009, el GCBA le pagaba a Mapfre por el contrato de ART de sus empleados, la suma de $ 24.744.417. A mayo de 2010 el monto pasó a ser de $ 47.124.520 anuales. Por lo tanto, el nuevo presupuesto alcanza la suma de $ 90.000.000 anuales.

El proceso es por 2 años con opción a otro más, con lo cual se convierte en un contrato de $ 180.000.000 bianuales y $ 270.000.000 por 3 años. Inexorablemente y dado que la alícuota del contrato se aplica sobre la masa salarial sujeta a aportes, esos 270 millones, por los incrementos salariales que el GCBA le vaya otorgando a sus empleados, se convertirán aproximadamente en 400 millones de pesos.

Las cifras

Según indica la propia licitación, el convenio entre Mapfre y el Gobierno de la Ciudad abarca a un total de 116.000 agentes cuyas remuneraciones alcanzan a 470 millones de pesos.

La última contratación con el Gobierno de la Ciudad vencía en setiembre de 2008, pero a partir de noviembre del mismo año le fue prorrogada por otros dieciocho meses más mediante la Resolución Nº 4.487/08 del gobierno porteño.

Mapfre también tuvo a su cargo el servicio de cobertura de riesgos del trabajo para el personal del Poder Judicial de la Ciudad y se vio beneficiada por reducciones en las multas, como consta en la Resolución Nº 1.184/09 de la gestión macrista.

Otras multas, como las establecidas por la Disposición 155/08 de la DG de Compras y Contrataciones, no han sido publicadas en el Boletín Oficial.