Los afectados por la maniobra son familias de escasos recursos de la localidad de San Pedro.
El edil apuntó las responsabilidades hacia el delegado de San Pedro, Fabián Lezana, quien habría sido el encargado de repartir la ayuda social entre los vecinos de la zona.
Páez relató que Lezana retiraba de la entidad bancaria del mencionado departamento los talonarios con los vales Pro-Familia para asistir a un total de 110 beneficiarios que figuraban en la planilla anexa. “Pero resulta que a solo un total de 54 beneficiarios se les entregaba los vales sociales. Y sin embargo la planilla llegaba (a Desarrollo Social de la Provincia) firmada por la totalidad del padrón, es decir, los 110 que figuraban inscriptos”, aseveró Páez a El Ancasti.
El concejal kirchnerista relató que la “maniobra fraudulenta” se habría llevado a cabo por más de un año.
“Según algunas estimaciones, se calcula que la defraudación mensual con los vales Pro-Familia rondaba los 10 mil pesos. Ahora será la Justicia quien tendrá que determinar el daño causado al Estado. La denuncia fue radicada el mes pasado y el delegado municipal (Lezana) ya no puede administrar más los vales”, acotó.
Sin embargo, la supuesta defraudación no sólo se habría ejecutado con los vales correspondientes a los beneficiarios que no retiraban las chequeras.
“La propia gente nos contó que a familias pobres que tenían muchos hijos le daban una menor cantidad de vales de lo que efectivamente les correspondía. Llevaron a cabo una estafa, incluso, con los más pobres y necesitados. Esperamos que la Justicia castigue al o los culpables con todo el peso de la ley”, sentenció Páez.
Funcionario de Guaraz
En esa misma línea crítica, el concejal recordó que Lezana es funcionario del intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. De hecho, fue candidato a concejal en segundo término por el Frente Tercera Posición (F3P), alianza en la quedó inserto Guaraz en los comicios de octubre de 2013 luego de su ruptura política con el Gobierno provincial.
"Lezana es un hombre de confianza del intendente Guaraz", concluyó Páez.
Regularizan la asistencia
En la jornada de ayer, el encargado del área Pro-Familia de Desarrollo Social, Arturo Santillán, se trasladó al departamento Santa Rosa para hacer entrega de los vales.
En la oportunidad, Santillán constató en la localidad de San Pedro que sólo la mitad del padrón de beneficiarios de los Pro-Familia retiró los vales.
"El funcionario comprobó que la mitad de los inscriptos no retiró la ayuda. Hay gente que recién ahora se está enterando que figuraba como beneficiario de la asistencia social", señaló el concejal Mario Páez, quien acompañó a Santillán hasta la localidad santarroseña.
A su vez, se informó que volverán a reempadronar a los beneficiarios de los vales y que en breve se harán las gestiones para entregarles las correspondientes tarjetas personalizadas, con lo cual se evitaría una nueva irregularidad a futuro.
Un mal antecedente
A principios de noviembre del año pasado, Romina Carrizo, una vecina de la localidad de Bañado de Ovanta denunció que en la Municipalidad de Santa Rosa le habían falsificado la firma para poder cobrar por un contrato de servicio del que a ella nunca se le avisó.
Carrizo se enteró de la maniobra cuando en septiembre de 2013 dejó de percibir la Asignación Universal por Hijo (UH), único medio de subsistencia con el que contaba. En la ANSES le explicaron que había sido dada de baja del programa a partir de que figuraba como empleada asalariada en la Municipalidad de Santa Rosa.
De acuerdo con la documentación existente, Carrizo duró como contratada por la comuna dos meses. Y esos dos sueldos fueron cobrados tras una evidente falsificación de firma.
Luego de la denuncia penal que radicó Carrizo contra la comuna santarroseña, se tensaron las relaciones con el intendente Elpidio Guaraz. "Dejó de darme las camionadas de arena que llevaba para que mi marido pueda trabajar algo en la bloquera que tenemos en casa, o sea que también nos persigue", lamentó Carrizo.
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