El Ministerio Público de la Defensa de la CABA, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Vecinos de la Boca y la Fundación T.E.M.A.S, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar al Estado argentino por la violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Sin ninguna consulta a las partes involucradas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó cerrar la supervisión de la “Causa Mendoza” en octubre de 2024. Esa decisión viola los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la vida e integridad, a la salud, a la vivienda adecuada, a la niñez y al acceso a la información, así como las garantías judiciales y la protección judicial de las familias que viven en la cuenca.

“La denuncia se realizó tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de cerrar la supervisión de la causa Mendoza en octubre del 2024, a pesar del incumplimiento en el saneamiento y relocalización de familias. En la denuncia se formaliza que el Estado argentino incumple derechos fundamentales como el acceso al agua potable, al ambiente sano, a la vivienda, a la salud y la justicia”, explicó a Tiempo Marcela Millán, Defensora General de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que en 2008, la Corte Suprema dictó una sentencia colectiva que ordenaba a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y, en particular, a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), reparar los daños ocasionados por la contaminación a la salud y a la integridad personal de las familias que viven a la vera del Riachuelo, especialmente de los niños, expuestos a metales pesados y enfermedades prevenibles.

Luego de 16 años de ejecución, el 22 de octubre de 2024 la CSJN decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados. 

Tras el cierre de la causa judicial, la propia ACUMAR reconoce que la ejecución de las soluciones habitacionales únicamente alcanza al 42%. No solo se encuentran pendientes las relocalizaciones necesarias para construir el camino de sirga, sino que además quedan incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones.

“En la denuncia, también se advierte sobre la eliminación de mecanismos de control y participación, y el desfinanciamiento de organismos como Acumar y AySA. En la cuenca viven más de 4000000 de personas, muchas sin acceso a servicios básicos en una zona altamente contaminada”, agrega Millán.

La situación en el perímetro porteño

En CABA, se estima que aún hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito. Asimismo, al día de hoy, no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza. La situación también es de extrema gravedad en la Provincia de Buenos Aires.Tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia ACUMAR y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56%.

Frente al cierre inconsulto del control judicial por parte de la Corte y las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias (ACUMAR, la Secretaria de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y AYSA), desde el MPD, el CELS, FARN, ACDH, AVLB y T.E.M.A.S, se decidió denunciar las violaciones de derechos humanos ante la CIDH a fin de solicitar que se continúen con las medidas ordenadas en la sentencia de 2008 para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.