Luego del informe publicado por PUNTAL donde se destacó la gran cantidad de obras públicas que la Provincia viene realizando a través de subsidios a asociaciones, fundaciones y cámaras, el Frente Cívico anunció ayer que prepara una denuncia penal que presentará formalmente esta semana en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue cada una de las contrataciones y se determine si la inversión se corresponde con las obras ejecutadas y si se respetaron los controles obligatorios del Estado.

“Le pedí al presidente de nuestra bancada en la Legislatura que formule la denuncia penal correspondiente. No podemos permitir de ninguna manera que los recursos del Estado se administren con semejante nivel de obscenidad, de dispendio, de irregularidad. Es una grosería”, se quejó el senador nacional y titular del Frente Cívico, Luis Juez.

El informe detalló cómo el Ministerio de Obras Públicas entrega habitualmente subsidios a fundaciones, asociaciones y cámaras para ejecutar obras como el monumento al brigadier Juan Bautista Bustos.

El gobierno explicó que en realidad es más beneficioso porque estas ONG son más eficientes en la administración del dinero y el control..., le señaló PUNTAL a Juez.

Entonces que haga una ley que nos permita controlar y examinar, porque manejan dinero público. Ese es un argumento banal, mentiroso. Hay muchas ONG que son muy honestas, pero con respecto a quién estamos comparando. Hasta Drácula parece menos agraviante que Schiaretti o De la Sota a la hora de administrar. Si hay organizaciones que no tienen ningún tipo de control ni seguimiento, ni rinden cuentas a los organismos. Si el gobierno dice lo que dice, que modifique la ley de obra pública y que involucre a esas entidades para que alguien las controle. Porque por esta discrecionalidad que tiene quien gobierna, de darle una obra a una ONG porque es más eficiente y honesta, se están violando lisa y llanamente los sistemas de control de contratación que establece el Estado y la propia Constitución. Con ese argumento dejemos que la plata de obras públicas la administre una ONG y no el ministro. Seguramente va a ser más decente un titular de una cooperativa que el ministro de Schiaretti o de De la Sota.

¿Por qué cree que la Provincia tiene que delegar en terceros la obra pública?

No le demos más vuelta, están desesperados por ejecutar obra pública con altísimo nivel de sobreprecio porque la intención es arrebatar lo último que le queda al Estado. Van a vaciar las arcas del Estado, se la van a llevar a toda. Con adjudicaciones, con contrataciones directas y si quedaran dudas también las pequeñas obras las van a ejecutar con mecanismos que no generen control. Lo que hay que tener en claro es que nunca el valor de la celeridad tiene que estar por encima del valor de la honestidad.

¿No se dará porque es muy engorrosa la adjudicación de obras?

Nosotros estamos trabajando en una reformulación de la ley de obra pública para que el argumento de la falta de celeridad y de lo complejo que es el Estado, ya no sea un fundamento para evitar el control. Que el tramiterío necesario no sea una excusa para la adjudicación directa o la tercerización. Lo estamos viendo con la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, ¿qué es eso?. Estamos viendo cómo un tipo manejó millones y millones de pesos y el argumento es que no tiene que rendir cuentas porque no tiene quién lo controle. Pero estamos hablando del dinero público que tiene que tener un nivel de control. No es la plata de la billetera de Schiaretti. Hay que respetar la ley, la Constitución. Hay mecanismos que no se pueden soslayar. No nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo cómo estos tipos dilapidan el dinero. Porque cuando gobernemos van a decir que lo nuestro es un acto de presecución. Esto hay que hacerlo ahora y que se investigue.

El ministro Testa dijo que en realidad existe un doble control, el del propio Estado y el judicial porque las ONG responden ante la Justicia por irregularidades.

Que no nos tome el pelo el ministro. Dónde están rindiendo cuentas estas ONG, cómo son sus balances. Sabemos que este tipo de organizaciones no tiene ningún tipo de control, y en esto no quiero generalizar. Pero él tiene la obligación de cumplir la ley de obras públicas. El Estado no puede contratar de cualquier manera, como se le antoja. Y quién selecciona, quién dice qué ONG sí y cuál no, ¿quién es el que dice eso? ¿Cuál es el mecanismo de selección? ¿Hay un listado? ¿Se elige al azar?