s que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia determinó la incompatibilidad de funciones de un abogado que asesoraba a la empresa OSD Agropecuaria S.A. y, a la vez, actuaba como auditor del organismo provincial en causas de tierras fiscales sospechadas de ser entregadas en forma irregular.

La Resolución 1694/13 firmada por el fiscal general Heitor Lago, a la que NORTE tuvo acceso, se apoya en los expedientes Nº 2658/12 caratulado “Fiscalía de Estado s/ pone en conocimiento supuesta situación irregular Dr. Adrián Gaitán (Instituto de Colonización)”, iniciado por el fiscal de Estado de la provincia; y Nº 2661/12 “París Raúl John s/ denuncia (irregularidades actuación Gaitán Adrián Maximiliano)”, impulsado por el presidente del organismo provincial.

La incompatibilidad está dada porque el abogado Gaitán patrocinaba causas contra el Estado provincial y, a la vez, prestaba servicios para el mismo. Esa fue la denuncia presentada por Raúl París, titular del Instituto de Colonización, ante la Fiscalía Administrativa. Allí advertía “el perjuicio directo al patrimonio de la provincia” ocasionado por el letrado, ya que patrocinó al anterior titular de Colonización, Esteban Branco Capitanich, en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación Penal 10 en el año 2009 en la que estaba involucrado Omar Depetris como propietario de las tierras; y a la vez presentarse como apoderado de la firma OSD Agropecuaria, cuyo propietario y presidente era el mismo Depetris.

La representación legal de Gaitán a Depetris fue en una causa por desalojo de pobladores que habitaban en tierras fiscales de Los Frentones (los hermanos Villalba), y que la empresa agropecuaria habría adquirido. Esa causa fue caratulada como “Villalba Modesto s/ usurpación” bajo el Expediente 4391/10 y radicada en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Sáenz Peña.

Denuncia penal

Dada la conexidad de las causas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que encabeza Lagos resolvió expedirse sobre ambas en conjunto. En la parte resolutiva indica que Gaitán “ha controvertido las leyes de incompatibilidad y ética pública, encuadrando su conducta prima facie en la figura prevista por el artículo 265 del Código Penal o aquella que el fiscal penal interviniente estime”. Ese artículo tipifica como delito a las “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En ese orden, el fiscal general adelanta en su resolución la presentación de una denuncia penal contra Gaitán. A ese efecto remitirá las pruebas de todas las actuaciones realizadas y solicitará la intervención de la Fiscalía como querellante particular. Además, rechazó el planteo de nulidad iniciado por Gaitán. Por último, dispuso la formación de un expediente para investigar la conducta del abogado Ignacio Kapor.

El caso

En abril de 2011, la justicia provincial ordenó el desalojo de los habitantes que ocupaban las parcelas 95, 96 y 106 de Los Frentones, por una denuncia realizada por la empresa OSD Agropecuaria S.A.

Según explicó París pocos días después del desalojo, los predios en cuestión -tres lotes de más de 6 mil hectáreas-, eran fiscales y estaban en litigio administrativo con el ciudadano Ignacio Paredes, ya que fueron otorgados “incumpliendo las condiciones de adjudicación”.

Sin embargo, la empresa adujo la compra de buena fe de esos terrenos. Por el caso fueron separados de sus cargos funcionarios de Colonización en Pampa del Infierno, quienes entregaron los títulos de propiedad apócrifos.