En 1980, la dictadura militar usurpó las empresas familiares San Roque, propiedad de Daniel Paskvan, vendiendo todos sus bienes e hipotecando con ello el futuro de una familia entera que había dedicado su vida al trabajo. 30 años después, los hijos de los damnificados protagonizan una puja judicial contra el Estado bonaerense que, a pesar de estar obligado por la Justicia a resarcirlos con 30 millones de pesos por las pérdidas, incumple lo dictaminado sin reconocer el perjuicio de esta familia. Paskvan (h) inició incluso juicio político al fiscal de Estado que, según afirma "dilató la causa y defendió a los que después fueron condenados como responsables de las torturas de la dictadura".

El horror sucedió cuando un grupo de tareas que formaban policías, militares y civiles ingresó en sus plantas de producción dedicadas a la exportación de alimentos balanceados, planta de incubación y comercialización avícola en Lobos y Roque Pérez. Al cabo de unos años les devolvieron las empresas vaciadas, dejándoles además deudas millonarias. También habían vendido unos cincuenta camiones y todos los activos de la empresa.

Después del arrebato, el juicio eterno

El miércoles pasado se conoció que el juzgado civil nº 2 de La Plata ordenó y trabó un embargo parcial sobre las cuentas fiscales de la Provincia por casi 15 millones de pesos por el resarcimiento por este caso. Y ayer, Paskvan (h) presentó un recurso para que se liquide el resarcimiento al doble de esa cifra ya que, según apunta, esa cifra está desactualizada. Más aún: día a día que pasa y la Provincia no cumple con el embargo, la suma se incrementa ostensiblemente.

Ya se había trabado un embargo sobre las cuentas fiscales porque la Provincia no cumplió con la sentencia firme de marzo de 1999, ratificada por la Cámara de Apelaciones en abril de 2000 y la Suprema Corte en junio de 2003, la que arrojó una liquidación de más de 20 millones de dólares, impugnada por el fisco de la Provincia al amparo de la ley de Emergencia nº 11.192 y la pesificación de la ley 25.561.

¿Es imposible de pagar? Tal como relató a Hoy, Paskvan (h) ofreció al Estado provincial hace dos años una conciliación, un pago menor y en cuotas, con tal de arreglar el litigio. Pero la Provincia nunca respondió a su propuesta. "Llevo 26 años, toda una vida dedicada a este juicio. ¿Realmente los Derechos Humanos son una prioridad de este Gobierno nacional?", lanzó el hijo de Paskvan.

Fiscal denunciado, pero en funciones

Por este hecho se enjuició políticamente hace dos años al fiscal de Estado Ricardo Szelagowski, que se erige en tal función desde hace 22 años. "Connivencia dolosa" con los responsables de la dictadura fue el cargo que se le atribuyó, "porque no hizo nada, se mantuvo sujeto a manejos políticos", aclaró Paskvan (h). La causa fue pasando de manos durante 9 meses ante diversos fiscales que se declararon incompetentes para juzgarlo. Incluso, el pedido de juicio debió sortear obstáculos como la oposición del entorno político de Daniel Scioli, que leían los cambios en la conducción de la fiscalía de Estado que proponía -a raíz de este caso- hace dos años el saliente Felipe Solá como una maniobra política.

Paskvan llegó a probar, incluso, que Szelagowski había presentado pericias falsas para defender a los responsables de la dictadura. "Se puso del lado de los delincuentes que después fueron condenados por la propia Justicia", remarcó con indignación Paskvan (h). Hoy en día, el pedido de juicio está firme en manos del Juez de Aspro, del juzgado de Garantías nº 3. Y mientras tanto, duerme en los cajones de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados.

La batalla continúa

Todas las denuncias de la familia Paskvan tienen sentencia condenatoria: la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires condenó a la Provincia, lo que fue confirmado por la Corte Suprema de la Nación.

Como si todo esto fuera poco, el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de todo ello, a esta familia se le ha cercenado sistemáticamente el cumplimiento de la sentencia que implicaría para ellos la justa compensación económica. La batalla judicial, 30 años después y con varios juicios ganados mediante, aún no termina.