La denuncia que analizan la Justicia Federal y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) tiene apuntado al exsubjefe de la delegación local de la Policía Federal, Ramiro Ezequiel Álvarez Peña Alonso.

La pesquisa se inició a partir de un anónimo que llegó al fiscal Juan José Baric, el 3 de diciembre de 2013, con una importante cantidad de detalles, precisiones e información.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, y pese a que los investigadores mantienen un cerrado hermetismo en torno al avance de la causa, Álvarez Peña es señalado puntualmente en esa denuncia como la conexión de una supuesta banda de narcotraficantes que resultó protegida.

De todos modos Álvarez Peña -que hoy cumple funciones en la delegación de la PFA de Rawson (Chubut)- no es el único involucrado, ya que también aparecen mencionados el propio exjefe de la delegación, Daniel Avallone y otros 10 efectivos de la Federal.

El secuestro de documentación permitiría avanzar sobre el episodio puntual de connivencia con el narcotráfico que está referido en la denuncia: un operativo antidrogas que en el año 2011 iba a permitir el esclarecimiento del modo en que funcionaba una banda.

Ese operativo incluía un allanamiento en la localidad de Toay, que se habría frustrado por algún tipo de connivencia entre los integrantes de la banda y personal de la Federal. En la presentación anónima hay muchos detalles respecto de esa investigación frustrada.

El expediente también analiza el manejo de los fondos que manejaba la delegación de la Federal. Hay unos 400 mil pesos bajo la lupa, según lo que dejó trascender el fiscal Baric.

Se puso la mira sobre las maniobras con el combustible, los viáticos y con algunos conceptos del rubo “variabilidad” (que permite el financiamiento de personal radicado en otro punto que no sea el de su origen).

Respecto del supuesta encubrimiento de una persona vinculada al narcotráfico, la denuncia alude directamente al subcomisario, según se pudo saber.

En el allanamiento que se realizó el viernes de la semana pasada, se secuestró documentación relacionada con los sumarios de los operativos antidroga.

El requerimiento de instrucción lo firmaron Abel Córdoba, como responsable de la PROCUVIN, y el fiscal federal Baric. En ese requerimiento se promueve la acción penal contra doce personas.

Tal como informó El Diario, el juez federal subrogante de Santa Rosa, Ignacio Rodríguez Berdier, hizo lugar al pedido del fiscal y de Córdoba, y allanó el viernes pasado la Delegación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, que logró secuestrar computadoras, libros de asientos y documentación de interés en la causa que tiene imputada a la cúpula de la delegación santarroseña durante el período objeto de investigación.

La Procuvin cuenta en su estructura con el Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad, coordinada por Fernando Vallone. El trabajo conjunto con la Fiscalía Federal de Santa Rosa permitió recabar elementos probatorios.

Baric explicó al sitio Fiscales (que brinda la información oficial de la Procuraduría de la Nación, el organismo a cargo de Alejandra Gils Carbó) la necesidad de contar con la asistencia de la Procuvin en esta causa: “Santa Rosa es un lugar muy chico. Hacer la investigación para nosotros hubiera sido complicado cuando no imposible, porque enseguida los investigados hubieran podido detectarlo. Por eso combiné con el fiscal Abel Córdoba para hacer la investigación desde Buenos Aires. Eso derivó en la necesidad de contar con la documentación que fuimos a buscar en este allanamiento y ahora vamos a ver si se condicen los números. La investigación es incipiente y hay desde delitos económicos hasta más graves”.

Durante las próximas semanas el Ministerio Público Fiscal, con la asistencia de una división técnica de Gendarmería Nacional, analizará la documentación secuestrada para avanzar con la investigación.