A través de un comunicado, la entidad empresaria advirtió que la aerolínea fue afectada por una "imprevista y arbitraria orden de desocupar las instalaciones de mantenimiento que su filial" opera en el Aeroparque porteño Jorge Newbery.

Para AEA, con esa decisión se terminó "de forma anticipada y unilateral el contrato respectivo, que tiene vigencia hasta julio de 2023".

"Esta medida afecta la previsibilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los contratos en la Argentina, por lo cual tendrá un impacto negativo en las inversiones. Y además puede producir la pérdida de gran cantidad de empleos calificados", remarcó la entidad presidida por Antonio Campos.

Según evaluó el órgano empresario, la medida "es contraria al espíritu abierto de nuestra Constitución, de proteger a todo aquel que quiera llevar adelante actividades económicas formales en la Argentina, garantizando el derecho a ejercer toda industria lícita".

"La decisión antes referida limitará fuertemente la competencia existente en los servicios de transporte aerocomercial de cabotaje, afectando particularmente al interior del país", consideró además la entidad empresaria integrada por firmas como Arcor y los grupos Techint, Clarín y Roggio.

Según evaluó la organización, "esta medida ya le está produciendo un perjuicio patrimonial al grupo LATAM, que está integrado por dos empresas de países hermanos: LAN (Chile) y TAM (Brasil), afectando de este modo las relaciones con estos países, y dañando la reputación internacional de la Argentina como consecuencia del trato discriminatorio a empresas extranjeras que invierten y crean empleos en nuestro país".