Manuel Casado murió ayer, cerca del mediodía. Era joven, apenas superaba los 60 años. Esperó 36 para declarar en la causa por los delitos de lesa humanidad que sufrió en marzo de 1976, en la ciudad de San Lorenzo. La demora de estas causas tiene efectos palpables: la víctima no llegó a ver a sus verdugos condenados. La causa Casado se inició en 2004. El denunciante tuvo que testimoniar diez veces. El 16 de mayo pasado se sentó frente al Tribunal Oral Federal número 1, integrado por los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivón Vella para contar, una vez más, cómo lo secuestraron el 25 de marzo de 1976, en la esquina de los bancos, lo llevaron primero a la Municpalidad de San Lorenzo, luego a la puerta de su casa, donde vio impotente cómo tiraban al piso a su hijo más pequeño, de sólo una semana. Más tarde, lo trasladaron al Batallón de Arsenales, y luego a la Jefatura de Policía de su ciudad. Casado era el secretario general del gremio municipal.

Uno de los testigos del juicio, Edilio Quiroga, lo definió en su declaración como "un dirigente irreprochable". Ayer, Soledad Chiodín, del Espacio Memoria, Verdad y Justicia del Cordón Industrial, confesó que sienten "un dolor muy grande" y subrayó que la muerte de este sobreviviente que "batalló solo" provocó "un cimbronazo" en la sociedad sanlorencina.

Pocos días después del comienzo del juicio, en marzo pasado, Casado dijo: "Espero que se haga justicia, que tenga justicia tanto para mí, para mi familia, para todos los desaparecidos del Cordón Industrial. Porque yo la pasé muy mal, estuve desaparecido, me torturaron, y ahí los tengo enfrente a los tres". Ahora, la acusación quedará sólo en manos del fiscal Gonzalo Stara. El abogado de la querella, Gustavo Feldman, queda excluido del proceso por la muerte de su cliente.

Una viuda, nueve hijos, 20 nietos, cuatro bisnietos. Así es la familia que deja Casado. Si bien él ya no está para reclamar las condenas, su bandera se multiplicará. Roberto, aquél bebé de una semana que los integrantes de la patota tiraron al suelo en la tarde del 25 de marzo de 1976, contó ayer, en el velorio, que su papá estaba confiado en que se hiciera justicia. Por lo mismo, Chiodín desafió ayer: "Ahora, el Tribunal y el fiscal tienen una tarea doble, porque le deben un veredicto".

Los acusados por la privación ilegal de la libertad y torturas a Casado son los militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, que eran jefe y subjefe del Batallón de Arsenales, al mismo tiempo que fueron designados intendente de facto y secretario de gobierno en el mismo lapso. También está acusado el entonces Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Pedro Rodríguez.

Casado estuvo secuestrado unos diez días, y al salir fue cesanteado de la Municipalidad. Vivió de changas, enfrentándose al rechazo de empleadores que rehuían contratar a un ex preso. Recién en 1991 fue reincorporado en la Municipalidad, y volvió a la militancia gremial, pero la abandonó años después.

En el comienzo del juicio, se mostró esperanzado. "Estoy confiado, pienso que va a haber justicia", dijo entonces. Sobre los efectos que aquellos días de cautiverio y represión tuvieron en su vida, dijo: "Es que no vivo bien, no estoy tranquilo. Mi vida es un calvario. Hay veces de noche que grito y mi mujer me despierta, ¿qué te pasa viejo? Porque me acuerdo de los muchachos. Eso lo llevo, y lo voy a llevar toda la vida". La vida de Casado se extinguió sin haber sentido el alivio que esperaba de la justicia.