El licenciado Luis Garófalo, apoderado de CAFIN aclaró que no recomendó la demanda pero sí espera una corrección de la tasa en la nueva ley tarifaria.

“Lo que ha hecho la industria pesquera es reclamar por la tasa de verificación de procesos productivos que la tarifaria provincial le aplica a las actividades pesqueras, con una discriminación sobre el destino del producto, de acuerdo a si va al mercado interno o si va al exterior”, explicó el apoderado.

Dijo además que “también hay una diferenciación entre las empresas que están bajo el régimen industrial y aquellas que no lo están; y en la situación más desfavorable, la alícuota llega al 3 y 4 por ciento para los productos que salen de la isla, que en su mayoría son exportados al exterior”.

Detalló que estos productos son el pescado congelado en general, el surimi que se utiliza para la fabricación de otros derivados, como el kani kama; las vieiras y cayos de vieiras, que se elaboran generalmente sobre barcos factoría. “Aquí se da una contradicción porque en realidad es una actividad que trabaja totalmente para la exportación y no vende al continente, y se le aplica una alícuota más alta porque exporta y no vende al continente. El reclamo viene porque esta tasa actúa como si fuera un impuesto a la exportación, cuando la 19640 los exime para la producción en Tierra del Fuego. Así como no tienen retenciones a la exportación, porque la ley los protege, tampoco se le podría imponer un impuesto paralelo que afecta una operación de exportación”, explicó.

La situación fue planteada al gobierno provincial, sin eco favorable, por lo que se optó por iniciar acciones judiciales. Garófalo diferenció esta situación del resto de la actividad industrial, donde el producto va al continente y la tasa de verificación “actúa como una especie de ingreso bruto bis. No es lo mismo cuando se trata de operaciones de exportación al exterior y ahí está basado el reclamo”, precisó.

Apuntó que esta ha sido una actividad muy castigada por la crisis mundial, que empezó en Europa, uno de los mercados adonde se dirige la producción fueguina, a tal punto que han sido devueltos contenedores cuando los importadores europeos habían pagado el 25 por ciento de anticipo. “Prefirieron perder el anticipo y devolver los contenedores porque el mercado no está consumiendo lo que consumía”, afirmó el licenciado, siendo una tendencia que todavía no se revierte. “Los cayos de vieiras, por ejemplo, se dirigen a determinado tipo de consumo, que ha ido perdiendo este hábito a medida que el costo de vida se fue incrementando. España era un fuerte importador y ha dejado de hacerlo, y esto se refleja en la actividad. En el caso del surimi, de seis buques que lo fabricaban en el Atlántico Sur con base en Ushuaia, han quedado dos y uno está fuera de servicio. Es consecuencia de la crisis económica y de mercados que se van cerrando, algo que no hemos visto en Argentina todavía”, señaló a Provincia 23.

Si bien dijo estar al tanto del reclamo, observó que “no es lo que he recomendado” a este grupo de empresas, y estimó que ahora corresponde analizar la situación al Fiscal de Estado, quien será el encargado de contestar la demanda a los abogados que están patrocinando a este grupo.

“Es un reclamo fuerte por la existencia de esta tasa. La idea es poder rever esto hacia el futuro, porque casualmente está venciendo la tarifaria en octubre”, recordó.