La Fundación Chadileuvú y la Alihuén analizarán la presentación que hizo el gobierno en la Corte Suprema de Justicia. La demanda refiere al estudio que hizo la UNLPam respecto del daño económico: establece que por el sólo hecho de no contar con un caudal fluvioecológico para mantener activo el sistema, el daño es de 100 millones de pesos anuales por cada año, al momento de hacerse ese estudio (2011), sin tomar en cuenta -por ejemplo- la incidencia de la inflación.

La Pampa pretende que Mendoza indemnice a la provincia por el daño ambiental que provoca el corte del Atuel con miles de millones de pesos, según asentó en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Justicia.

Ese planteo establece como reclamo absolutamente mínimo que se consideren daños por $100 millones de pesos por cada uno de los últimos 27 años, lo cual redondearía una cifra de 2.700 millones de pesos. Pero como ese cálculo toma en cuenta sólo un caudal muy mínimo, se hacen otras cuentas -todas basadas en el informe elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa- que implican que un mejor caudal o tomando en cuenta otras variables, Mendoza debería resarcir a La Pampa con una cifra superior a los $15.000 millones de pesos, más el índice inflacionario y la actualización. Esa cifra deriva de considerar que hubo un daño equivalente a más de 570 millones durante 27 años.

El gobernador Oscar Mario Jorge entregó este jueves copias de la demanda contra Mendoza por el corte del río Atuel a la Fundación Chadileuvú y a la Asociación Alihuen. Durante el encuentro, en el despacho del gobernador, el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, dijo que el planteo judicial se focaliza en los incumplimientos de la provincia vecina al fallo que declaró la interprovincialidad del río en 1987. Jorge también mencionó que la demanda contiene importantes reclamos de resarcimiento económico por los daños producidos en el oeste pampeano.

Tomando exclusivamente la hipótesis de un escurrimiento de un caudal medio anual de 4,5 metros cúbicos por segundo, con un derrame hídrico total anual de 140,7 Hm3, que permitiría solo mantener activo el sistema aunque con un área de bañados reducida. "Por esta razón no es posible prever actividades que puedan desarrollarse a partir de sistemas de riego", dice la presentación.

La demanda asevera: "en esta hipótesis, la Provincia de La Pampa y sus habitantes, por no contar con un caudal fluvioecológico del Río Atuel que tan solo permita mantener activo el sistema en forma continua, sufre un daño económico que, como mínimo, al momento de la realización del estudio era de aproximadamente 100 millones de pesos por año. Ese monto, llevado a valores actuales, resultaría muy superior sólo considerando los efectos del alza del índice de precios".

El mismo informe hace otros análisis, en los que supone un caudal mejor y tiene en cuentas otras variables. En ese caso, establece que el monto de una hipotética indemnización rondaría entre $ 521.133.989 por año y $ 571.357.519 por año.

La presentación aclara que el informe destaca que ese monto "se trata de un mínimo dado que no se han incluído en este análisis otros bienes y servicios ambientales identificados por no contarse con información suficiente que permita una razonable valoración económica de los mismos (por lo que deberán ser evaluados por las pericias de valuación), además de haberse tomado tanto para las unidades físicas de producción o desarrollo como para los previos, los valore más conservadores".

"La forma de contemplar el efecto que el tiempo tiene respecto a un flujo de fondos que asume un determinado horizonte de planeamiento (en el caso de estudio 25 años), es la aplicación del criterio del Valor Actual Neto (VAN). Para ello es necesario descontar dichos flujos de fondos, tomando determinada tasa de corte que permita expresar todo el flujo de fondos en moneda de un mismo momento", explica. La demanda, obviamente, hace hincapié en los incumplimientos mendocinos a lo largo de los años.

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-¿Qué opina de las declaraciones de Jorge Tanús, el diputado mendocino? -se le consultó a Jorge.

-El diputado hizo un reconcimiento de la interprovincialidad del río, y que un río interprovincial genera obligaciones. El hecho de un límite escrito en un papel no da derecho a romper un ecosistema, el oeste quedó fuertemente empobrecido.

-El legisador incluso propuso volver el diálogo. ¿Es posible después de la presentación de esta demanda?

-Nosotros ya hicimos todo lo posible a la hora de dialogar y nunca se lograron lo objetivos.

-Mendoza ya confirmó que hizo obras para el trasvase. ¿Pensaron alguna vez en la posibilidad de que Mendoza ofrezca soltar agua a cambio de que la Pampa apruebe esa obra? ¿Es una posibilidad que no descartan?

-Creo que tienen que leer bien la demanda. La demanda es muy amplia, porque incluye el daño severo a la gente del oeste y al territorio. Generó un atraso muy grande. Lean y verán la amplitud que tiene la demanda.. Incluye resarcimientos económicos. Acá ya no se trata de llegar a un acuerdo por el agua. No creo que Mendoza esté en condiciones de acordar con su gente un arreglo que nos satisfaga.

El presidente de la Chadileuvú, Héctor Gómez, dijo que antes de brindar una opinión primero tienen que "leer la demanda, analizar los detalles". "Creo que esto para Mendoza significa un golpe muy grande, por las declarciones incluso de este diputado (en referencia a Tanus). Creo que Mendoza siempre tuvo intenciones de conversar pero cuando el agua le llegaba el cuello”, señaló. Además, confirmó que serán Amicus Curiae en el juicio.

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Por su parte, el presidente de la Asociación Alihuen, Leandro Altolaguirre, señaló: “Estamos muy identificados con los planteos. Particularmente creo que Mendoza siempre quiso dilatar y enfriar los tiempos. Nos pasó con la CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior). Así como el agua del Atuel no les pertenece, también hay que decir que ese agua no es para riego. Han mezclado lo del trasvase del Río Negro al Atuel, que no es lo mismo”.