El Gobierno Provincial presentó en sociedad, durante la semana que se fue, el texto completo de la demanda que expuso ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea resarcido y reparado el daño ambiental que generó a nuestra provincia el corte del río Atuel por parte de la Provincia de Mendoza, con la omisión -por escribirlo benévolamente- del Estado nacional.

La decisión oficial contribuye a transparentar, en parte, el comportamiento sinuoso que el oficialismo tuvo frente al tema, respaldado esta vez por la presencia de reconocidas organizaciones no gubernamentales como la Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuen, que asistieron a la ceremonia oficial bajo el convencimiento de que se defiende un mismo interés.

A grandes rasgos, el contenido de la demanda no es otro que el que se esperaba, basado esencialmente en una historia que tiene suficiente demostración de que han sido vulnerados los derechos de La Pampa y de abusos mendocinos no solo respecto de la buena fe pampeana, sino incluso pasando por encima de la ley y de sucesivos acuerdos que se fueron rubricando.

La presentación, a primera vista, parece contener los planteos de distintos organismos, entidades y personas que intervinieron en el proceso de elaboración del planteo, aunque hay opiniones encontradas en cuanto al rol que debía atribuírsele de manera concreta al Estado nacional, señalado como un “tercero obligado”, pero sin ser alcanzado por el reclamo concreto.

La valuación del daño tiene una diversidad de miradas: el mínimo de los mínimos da cuenta de que se le generó a la provincia un daño de al menos 100 millones de pesos por cada año en que se sufrió el corte, aunque se trata de una mirada conservadora que no toma en cuenta algunos de los consecuentes perjuicios y que ni siquiera calcula el índice inflacionario.

Ese monto, que bajo otras alternativas trazadas a modo de hipótesis llega a los 570 millones de pesos por cada año, surge del puntilloso estudio elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa en el año 2011, que dejó demostrado de modo palmario cómo un sector geográfico, que podía estar destinado a generar parte del desarrollo provincial, terminó convirtiéndose en una de las zonas de peor calidad de vida de la región.

Lo incomprensible de la demanda es el destrato para con la presentación previa que hizo el ciudadano Miguel Palazzani, quien sin tener a mano los recursos con que cuenta el Estado tuvo sí la visión y la voluntad política de propiciar la discusión en ese ámbito: la presentación del amparo y su consecuente aceptación por parte de la Corte son sin duda una de las razones por las que el Gobierno Provincial finalmente decidió dar el paso de la presentación de la demanda, a contramano de lo que había sido su propio comportamiento en los años anteriores.

El hecho de que la Causa Palazzani ponga en evidencia el retardo oficial para hacer un planteo similar no debiera cegar la estrategia del Ejecutivo, cuyos funcionarios están obligados a ofrecer toda la prueba que tengan en el marco del expediente que ya avanzó en la Corte: las propias ONG avisaron sobre la necesidad de poner en ese escenario “toda la carne en el asador”.

El capítulo que alude a la demanda anterior parece un sobrante innecesario, que incluso tiende a confundirse con una porción de la demanda que en lugar de defender los intereses provinciales privilegia rencillas políticas y/o celos profesionales, dándole a Mendoza una impensada chance de defensa.

...y una de arena...

El conflicto gremial que atraviesa el Estado provincial, y que por lo tanto pone en vilo no solo a los involucrados de modo directo sino a todos los ciudadanos pampeanos, tuvo durante la semana que se fue un nuevo capítulo que, lejos de arrimar una solución pacífica, exacerba algunos ánimos y permite augurar una compleja resolución de la discusión.

El principio de arreglo que el Gobierno Provincial logró con el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes podría haber sido presentado por el oficialismo como un éxito político si se tratara simplemente de medir resultados en el cortísimo plazo, y sin embargo es ese mismo “paso adelante” en la negociación puntual el que amenaza con generar reacciones inconvenientes para los propios involucrados.

El llamado a paritaria hizo que la UTELPa “suspendiera” repentinamente el paro de 48 horas que había definido un congreso provincial: esa medida de fuerza no solo se había pautado en coincidencia con los gremios de la Intersindical, sino que se había consensuado con las bases y la dirigencia de toda la provincia, e incluso había sido avisada y militada ante el resto de la comunidad educativa.

Sin embargo, la conducción sindical aceptó el llamado urgente y se generó a sí misma un problema político que no supo medir en ese momento: UTELPa se granjeó no solo la disidencia de los sectores opositores internos -algo que era previsible- sino que quedó mal parada ante algunos de sus propios referentes, e incluso ante padres, estudiantes y docentes a los que menos de 24 horas antes se había tratado de convencer de que no había otra salida que un paro de 48 horas para que se escucharan los reclamos.

Nadie duda de que el gremio docente ha sabido lograr a lo largo de los últimos años múltiples beneficios y reconocimientos de derechos para sus afiliados; la herramienta de la paritaria ha sido, para el sector, una clara victoria; pero eso no implica ignorar que algunas conductas políticas bordean la torpeza o encierran ciertas contradicciones por las que necesariamente se paga un costo político.

Si la intención del Gobierno fuera el “divide y reinarás”, tendría motivos para celebrar la paritaria docente que ensanchó la grieta con el resto de la Intersindical, pero justamente el hecho de haber convocado a una negociación formal a uno de los gremios lo pone en la encrucijada de convocar también al resto para no tildarse a sí mismo como discriminador.

Desde ya que el Ejecutivo aprovechó el encuentro con los intendentes que le responden internamente para pedirles que metan presión en varias esferas a fin de convencer a los líderes gremiales de que levanten el pie del acelerador, pero la movida encierra por parte del oficialismo una preocupación genuina: la de encontrarle un final al prolongado conflicto, sin afectar la caja ni el funcionamiento del Estado.

La cuestión es que ese pretendido “final feliz” no surgirá como por arte de magia, ni como consecuencia de un milagro: el consenso no es fruto de un repollo, sino de la acción política que pueda conducir a él, y en este caso como en cualquier otro es imprescindible la apuesta al diálogo y la voluntad de escucharse entre partes.

Resulta llamativo, y directamente incomprensible, que en una provincia como La Pampa, en una ciudad donde los dirigentes tienen enorme facilidad para vincularse por más que se repelan, no haya entre el Gobierno y la Intersindical ni siquiera un contacto extraoficial que abra una puerta para salir de este embrollo empantanado.