Las abogadas de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Catamarca, Leticia Llopis y Eliana Bustos, iniciaron una demanda en contra de sus colegas Luis Arturo Navarro, Fernando Navarro e Ignacio Ripio Guzmán para evitar la apropiación de un inmueble ubicado en Ayacucho 286 que le pertenece a la entidad gremial. En enero, la jueza Cecilia del Carmen Delgado, juez en lo Comercial y de Ejecución de Primera Instancia, hizo lugar a la medida para proteger el bien inmueble de la entidad gremial.

El recurso de amparo fue presentado a comienzo de este año por las abogadas que representan a Gladys del Valle Moro y Mirta del Valle Mercado, secretaria general y adjunta de la comisión directiva, respectivamente.

De acuerdo con la información a la que accedió a este medio, el gremio solicitó la habilitación de feria para obtener una medida cautelar que establezca la prohibición de contratar y /o realizar cualquier acto de administración en relación con el inmueble que le pertenece a APUNCA. También solicitaron la constatación en el inmueble para evitar que se produzcan nuevos daños al edificio.

La historia se remonta el 14 de diciembre de 2009, cuando APUNCA acordó con Ignacio Ripio Guzmán la compra de un inmueble sito en La Tercena – Fray Mamerto Esquiú- a otro particular para convertirlo en una sede para la práctica deportiva. El vendedor del inmueble se comprometía a realizar en el plazo de seis meses el cierre perimetral de todo el predio, con alambrado olimpíco, colocación de portón de ingreso y la construcción de una cancha de fútbol, con césped y riego por aspersión.

El plazo para ejecutar las obras vencía el 15 de junio de 2010 y según consta en la demanda se habían realizado escasas mejoras que no alcanzaban al 20% de las obligaciones pactadas. A partir de ese momento, se iniciaron negociaciones pero sin llegar a ningún acuerdo por lo que APUNCA decidió rescindir el contrato con los mediadores. La situación se complicó cuando los representantes gremiales intentaron recuperar el predio de calle Ayacucho y se encontraron con que tenían impedido el ingreso a la propiedad.

El 17 de diciembre, APUNCA recibió una carta documento del abogado Ripio Guzmán en la que informa que en setiembre había realizado un contrato para la venta del inmueble y pretendía imputar a APUNCA conducta negligente. Luego en noviembre reconoce y asume responsabilidad por mora en el cumplimiento de las obligaciones.

Tras relatar la historia, las representantes legales del gremio solicitaron la habilitación de la feria judicial. La jueza Carmen Delgado hizo lugar al reclamo al indicar que se acreditaba la operación comercial de venta de derechos y acciones sobre el inmueble, entre los abogados y APUNCA