Para los empleados del Ministerio de Trabajo de Nación afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) las contradicciones saltan a la vista: denunciaron que en el órgano de gestión encargado de regularizar la situación laboral de los ciudadanos hay hombres y mujeres “precarizados” a través de contratos que deben renovar periódicamente. Para reclamar el pase a planta permanente y una suba del salario básico del 40 por ciento organizaron una movilización el viernes último a la sede central en la que participó la delegación lomense del sindicato.

Al cierre de esta edición, el colectivo no había recibido de las autoridades más respuestas que las de dar una tregua a la medida de fuerza, aunque “no hay ofertas concretas y lo que ofrecen está muy lejos de lo que se pide”, le explicó a LA TERCERA María de los Ángeles Troitiño, secretaria gremial de la arista Gran Buenos Aires-Sur de la corriente. Planteó que pueden aceptar 1.500 pesos en calidad de “aumento de emergencia como adelanto” de la cifra que consideran necesario incorporar.

El desarreglo entre ingresos y egresos de la economía de cada familia se evidencia para los contratados, que deben afrontar “un doble perjuicio, el de no tener estabilidad porque tienen que concursar por continuar con su propia tarea, con la posibilidad de que no renueven (su vínculo con la patronal); y el no reconocimiento de la antigüedad, lo que trae una pérdida monetaria”, analizó la referente.

El pedido abarcó al equipo de Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires, que es la sede central de la cartera que coordina Carlos Tomada y hacia donde se acercaron las banderas sindicales. También al de las delegaciones, como la de Temperley, y los representantes de esa dependencia estatal en la calle. Hasta el momento, la respuesta positiva que recibieron es “muy minoritaria, de 300 pases en todo el Ministerio”, evaluó la delegada.

Además, sostuvieron que la construcción de guarderías para los hijos o hijas de las personas que se desempeñan en la red de edificios de Trabajo también es prioritario, un “reclamo histórico” que les permitiría a las mamás y los papás ahorrar el costo de enviar a los pequeños a centros privados para ser cuidados mientras ellos realizan sus actividades cotidianas. Si no se logra adaptar un ambiente como ocurre, por ejemplo, en la dependencia de Educación provincial, al menos solicitan un plus pecuniario equivalente a ese gasto.

ATE prometió permanecer en “asamblea permanente” a la espera de las definiciones sobre sus consultas. Si no llegan en tiempo y forma, prometieron volver a marchar para visibilizar sus necesidades.