En la mañana de ayer hubo una audiencia de cuatro horas y ahora la Cámara de Apelación en lo penal tiene diez días hábiles para definir si se eleva a juicio oral la causa en la que se investiga el pago de sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación, pesquisa en la que están procesados el ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán, y el empresario de la comunicación sanrafaelino Gustavo Mátar.

Ayer los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel escucharon los argumentos de todas las partes: los abogados de Cazabán (Diego Lavado y Sergio Salinas), Mátar (Juan Day) y los del ex director de Comunicación Social Ricardo Funez (Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales); la fiscal de Cámara Paula Quiroga y el abogado querellante Ramiro Villalba.

Cada uno dio sus argumentos para evitar el juicio oral o para realizarlo; ahora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 473 del Código Procesal Penal, el tribunal tiene diez días hábiles para resolver si el caso llega a juicio oral; por lo que se estima que a fines de noviembre debería haber decisión.

El ya conocido como “Caso Mátar” quema. No se trata de que los procesados enfrenten acusaciones que impliquen condenas largas (la administración fraudulenta apenas prevé condenas de hasta seis años); lo que hace incómodo el trámite es que uno de los imputados sea el hombre fuerte de la gestión de Celso Jaque y que se trate de contrataciones en un área sensible: la comunicación de actos de gobierno, que suele mezclarse con la propaganda electoral.

Las especulaciones políticas son inevitables. Cabe recordar que esta causa nace de una denuncia presentada en octubre de 2011 por un grupo de diputados radicales (Roberto Infante, Alejandro Limas, Daniel Dimartino, Néstor Parés y Fernando Barrigón).

Por todos estos ingredientes es que en los pasillos de tribunales se pone en duda la continuidad de las actuaciones, máxime cuando el juicio oral (en caso que la Cámara de Apelaciones decida avanzar en esa instancia) podría desarrollarse en plena campaña electoral.

Otros especulan con que el plazo fijado por el Código Procesal Penal mendocino no es una fecha de cumplimiento forzoso y que la Cámara podría demorar su decisión (siempre en caso de que la decisión fuese por realizar el juicio oral) y con alguna voluntad dilatoria de la cámara del crimen a la que le toque presidir esa instancia, llegar a juicio después de las elecciones.

Más allá de esos rumores, la audiencia de ayer transcurrió en argumentos de técnica legal, los defensores de los procesados intentando derribar la investigación que realizó el fiscal de delitos complejos Santiago Garay y que se desestime el pedido de elevación a juicio oral que informara Los Andes el 22 de mayo.

En la investigación de Garay hay cuatro imputados, pero el que falta, Pablo Catania (antecesor de Funez en la Dirección de Comunicación Social), se ha despegado de la estrategia de defensa que se han propuesto los otros tres. Por eso es que tres equipos de abogados iniciaron las sucesivas apelaciones a la decisión del fiscal Garay.

Así el expediente llegó a la jueza de garantías Patricia Alonso. El 25 de setiembre Los Andes informó que Alonso también había dictaminado que la causa debía ir a juicio oral, a pesar de las objeciones planteadas por los abogados defensores de los imputados.

La decisión de la jueza Alonso también fue recurrida por los letrados de Cazabán, Mátar y Funez y en esa instancia es que la Cámara de Apelación en lo Penal llamó a la audiencia de ayer, como paso previo a la resolución.

Los defensores sostienen que no es pertinente fundar la acusación en contra de sus defendidos comparando precios de mercado con los que pagó el Estado a Mátar; que incluso las cotizaciones a las que accedió Garay eran de valores muy disímiles entre ellas y que hay una arbitraria selección de pruebas y testimonios.

Del otro lado se indica que, más allá de las dispersiones de precios del mercado, siempre los valores pagados a Mátar eran por mucho los más elevados, aún cuando la consulta a empresas del medio (incluso alguna de Buenos Aires) fue realizada dos años después de que se contrataron los servicios. De hecho, así lo informó Los Andes el 1 de junio de 2014, dónde se exponen las 12 contrataciones que analizó Garay para fundar la causa que hoy complica a tres ex funcionarios de Jaque y al empresario del sur provincial.

Para muestra basta un botón: para la filmación y elaboración de piezas comunicacionales de la reinauguración del Estadio Malvinas Argentinas (junio de 2011) Mátar cobró $ 1.250.000; las empresas que cotizaron ese mismo trabajo en 2013 presentaron presupuestos entre 210 mil pesos y 480 mil pesos.

Las objeciones de la jueza

El “caso Mátar” consta de 12 hechos en los que el fiscal de delitos complejos Santiago Garay considera suficientemente probado que hubo pago de sobreprecios que se encuadran en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública: los ex directores de comunicación Ricardo Funez y Pablo Catania en calidad de coautores; el empresario Gustavo Mátar como partícipe necesario y Alejandro Cazabán como autor en concurso real, con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Garay pidió la elevación a juicio oral el 21 de mayo pasado. Tres de los cuatro procesados presentaron la oposición a este pedido y a fines de setiembre la jueza de Garantías Patricia Alonso emitió una resolución que abundaba en duros conceptos para rechazar las objeciones planteadas por los defensores.

Alonso llegaba a la conclusión de que “con el grado de conocimiento que requiere esta etapa procesal, que los funcionarios públicos intervinientes que tuvieron la administración de esos fondos públicos y con el fin de beneficiar al encartado Mátar, contrataron con el mismo o con su sociedad comercial la prestación de servicios de producción televisiva a un precio excesivo respecto del precio de mercado, perjudicando de esta manera a la administración pública, por lo que las cuestiones planteadas por la defensa en torno al hecho investigado, que sí tiene que ver con el ámbito penal, pueden y deben ser dirimidas en un debate”.

Cronología

-En octubre de 2011 diputados de la UCR denuncian que entre ese año y el anterior Gustavo Mátar había facturado 12 millones de pesos en concepto de servicios de comunicación.

-El 8 de mayo de 2013, el fiscal Santiago Garay allanó el domicilio particular y el comercial de Mátar, ambos ubicados en la ciudad de San Rafael.

-Entre el 5 y el 7 de junio de ese año fueron imputados en la causa Mátar, Alejandro Cazabán, Pablo Catania y Ricardo Funez.

-El 21 de mayo de 2014, el fiscal Santiago Garay pidió la elevación a juicio oral. Esa solicitud fue apelada por tres de los cuatro imputados.

-En setiembre pasado, la jueza de Garantías Patricia Alonso rechazó la apelación y tres de los cuatro imputados recurrieron ante la Cámara de Apelación en lo penal.