El fiscal David Bruna pidió al Central el movimiento de sus cuentas bancarias. La defensa insiste en que se trata de "una bomba de humo". Hay quienes definen que el juez "está al horno y con papas".

Exactamente en once días, cuando de a uno los integrantes del jurado de enjuiciamiento comiencen a ingresar al Salón Dorado del Senado de la provincia, el destino del juez de Garantías Antonio Cayetano Saladino empezará a embocar un destino definitivo. El magistrado no estará presente. Su abogado defensor, el penalista marplatense César Sivo deambulará un rato por el enorme edificio de 51, entre 7 y 8 y luego se abocará a esperar.

Las variables que serán determinantes para ese día se irán jugando en los días previos. Para unos y para otros. Porque nadie desconoce que las piezas del tablero se moverán con una astucia inusitada. Y a esta hora nadie puede saber si los forjadores políticos que alguna vez le otorgaron su venia al juez le habrán soltado la mano o se mostrarán convencidos de que todo -como ya bosquejó en su presentación formal la defensa de Saladino- "es una bomba de humo".

En las antípodas hay voces que emergen del riñón del Poder Judicial de la Provincia que aseguran en absoluto off de record que "Saladino está al horno y con papas".

Lo cierto es que ese día, el jueves 24 de febrero los integrantes del jury determinarán -antes que nada- si abren el debate o no para el juicio político. Saladino está acusado de "cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público, parcialidad manifiesta y algunas cositas más". Pero ante todo, esa tarde los miembros del jurado tendrán cuatro variantes posibles y cada una de esas cuatro tiene sobrados antecedentes en otros casos.

Abanico de cuatro cartas

Variable uno. Abrir el debate y suspender al juez inmediatamente. Esta variable sería la que se embocó en su momento con la jueza laboral de Necochea, Marta Raggio, en que el jurado de enjuiciamiento de la Suprema Corte presidido por Juan Carlos Hitters la declaró culpable. Constituyó la primera vez en la historia de la Justicia bonaerense que una jueza fue destituida por un jury debido a acusaciones por acoso sexual, laboral, discriminación y amenazas vertidas por los empleados de su juzgado. Esta sería la más incómoda de las variantes para Saladino y su defensa. Y lo obligarían a prender velas a cuanto santo se les cruce en el camino.

Variable dos. Que el jurado decida abrir el debate y pasar a un cuarto intermedio que les permita hacer un análisis concienzudo de los expedientes de una causa que lleva ya varios cuerpos y que remite, en varios de sus puntos, a la causa madre: la del crimen del penalista olavarriense Marcos Alonso.

En este caso se podría incluir el caso del juez marplatense Pedro Federico Hooft imputado por delitos de lesa humanidad. Fue el 6 de mayo de 2006 cuando Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó contra Hooft una querella criminal por delitos de lesa humanidad cometidos por el juez durante la última dictadura cívico - militar. El pedido de juicio político apuntaba concretamente a que se cayera la barrera constitucional que impedía someterlo a un proceso penal ordinario. Por 9 votos contra 1 se autorizó el juicio que, por mayoría, rechazó la excepción de "cosa juzgada" interpuesta por Pedro Federico Hooft. En las denuncias se apunta claramente que desde su lugar de juez penal, habría prestado a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad, el auxilio y la cooperación necesaria para la perpetración de tales delitos. Hooft sigue ejerciendo su rol de magistrado.

Variable tres. Esta, indudablemente, sería una de las dos variables preferidas tanto por Saladino como por su defensa porque directamente sería la de determinar el archivo de la causa por falta de mérito. Como antecedente se puede incluir el caso del juez Néstor Schiavo.

El magistrado fue llevado a jury por la causa conocida como "la masacre de Campana", ocurrida en julio de 2008. Fue un caso ampliamente ventilado por los medios, en las pantallas de los televisores, en las primeras planas de los diarios y en cuanta radio se escuchara por esos días. Todo estalló cuando el matrimonio compuesto por Marcelo Mansilla y Sandra Rabago y sus dos hijos de 11 y 8 años fueron asesinados por celos y venganza y se determinó que Angel Fernández, uno de los cuatro detenidos cumplía prisión domiciliaria mediante una pulsera electrónica controlada por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Schiavo era el juez que había otorgado la domiciliaria a Fernández que, en su momento, no se había efectivizado porque el SPB no contaba con pulseras. El jurado de enjuiciamiento decidió que no había mérito contra Schiavo y archivó la causa.

Variable cuatro. Esta última variante también sería del agrado de Saladino y defensa porque sería aquella en la que el jurado decide suspender el juicio político hasta tanto la causa penal avance. Existe un antecedente en este mismo sentido en la causa contra un defensor oficial marplatense. El argumento es dejar que fluya la causa en los andariveles de la justicia penal y recién actuar una vez resuelta esa causa. O, en todo caso, hasta que la Justicia Penal lo requiera.

La diferencia que se produce en relación al caso puntual de Rubén Ariel Rivero, fiscal de Olavarría imputado en una causa por presunto abuso sexual, radica en que la suspensión fue un requerimiento del fiscal Néstor Prado quien todavía está a la espera de una resolución oficial. Se cree que las novedades podrían surgir antes de fin de mes y ahí recién podría ponerle fecha concreta a la indagatoria.

Cuentas bancarias

En caso de que se determine la suspensión de Saladino a su cargo el magistrado comenzaría a cobrar el 60 por ciento de su sueldo hasta tanto se decida si se lo destituye o no en el cargo.

El detalle saliente es que, entre medio, sigue avanzando -aunque con pasos de enorme lentitud- la causa penal que le sigue el fiscal David Bruna de la fiscalía de delitos económicos complejos de Mar del Plata. Bruna requirió a finales de noviembre una serie de medidas de prueba al Banco Central de la República Argentina relacionadas con el movimiento en las cuentas bancarias de Saladino. El banco, sin embargo, tiene tiempos que son absolutamente ajenos a las necesidades de la sociedad y aún no envió la respuesta.

Cuando en once días los miembros del jurado se reúnan tendrán mucha tela para cortar. Porque entre los expedientes que ya les fueron enviados figuran las 146 carillas volcadas por César Sivo en las que afirma que "si hay algo doloso que surge de todas las actuaciones glosadas a esta causa" sería la conducta de quienes habrían lanzado bombas de humo para desviar la mirada. Y refiere puntualmente que habría existido la determinación de "hacer una presentación lo suficientemente ruidosa como para que la atención se centre en una situación completamente alejada de la real y con un protagonista, con el suficiente peso y la suficiente autoridad como para ganarse todas las miradas. Es así que aparece en escena el Juez Antonio Saladino".

Pero además, deberían tener ante sus ojos partes sustanciales de la causa Alonso más la amplia presentación hecha por la Procuración. En la cual se incluye el contenido de una auditoría ordenada al Juzgado de Garantías que hasta hace exactamente un año ocupaba Antonio Cayetano Saladino.

Ahora la pelota la tienen el diputado Juan José Cavallari (UCR), la senadora Cristina Fioramonti (FPV), el diputado Marcelo Feliú (FPV), el senador Federico Scarabino (FPV) y el diputado Emilio Monzó (Pro), en calidad de titulares y como suplentes, el diputado José Luis Comparato (GEN), diputado Damián Cardozo (Unión Celeste y Blanco) y senador Roberto Felipe Ravale (FPV).

Ellos, junto con los abogados de la matrícula que conforman el jury tienen entre sus manos el destino del juez oriundo de Las Flores que, alguna vez y hace más de una decena de años, habría sido fogoneado por su coterráneo, el entonces diputado duhaldista Daniel "Chicho" Basile. Aquel juez que entonces ni siquiera podía imaginar que alguna vez se lo imputaría del presunto delito de favorecer libertades de detenidos a cambio de supuestos pagos económicos.