La Defensoría insiste con un pedido para moderar el impacto de la TSU

La Defensoría insiste con un pedido para moderar el impacto de la TSU

Por el aumento en la tasa de servicios urbanos hay más quejas que el año pasado. Los integrantes del organismo solicitaron una reunión con los jefes de bloque. Por ahora, en el Concejo no hay indicios de que vaya a haber una revisión.

 

La vieja promesa del intendente Carlos Arroyo de que su gobierno bajaría las tasas terminó este año de quedar desdibujada. Si en 2016 el incremento en servicios urbanos ya había generado cierto malestar, en lo que va de 2017 la nueva suba exacerbó los ánimos: los defensores del pueblo coinciden en que los reclamos que se realizan en la dependencia aumentaron y que son más enérgicos.

Para moderar el impacto, a mediados del mes pasado la Defensoría solicitó al Concejo Deliberante cambios en los requisitos para solicitar la exención de la tasa de servicios urbanos (TSU) y un tope del 50% con respecto a los pagos de cada período del año pasado.

Pero en el Concejo, por ahora, no hay indicios que permitan suponer que esos pedidos serán tomados en cuenta. La Comisión de Hacienda, presidida por el hijo del intendente, Guillermo Arroyo (Agrupación Atlántica-PRO), no se reúne desde el 22 de mayo. “El daño ya está hecho. Es difícil introducir cambios ahora”, dijo a LA CAPITAL un concejal opositor.

Los tres defensores -Fernando Cuesta, Fernando Rizzi y Walter Rodríguez- adelantaron a este diario que insistirán. Ya solicitaron una reunión con los presidentes de bloque para trazarles un panorama de los reclamos. Les quieren describir, por ejemplo, el maltrato cotidiano que sufren los empleados de la Defensoría por contribuyentes indignados por el aumento.

Rodríguez aseguró que al organismo acuden “entre 15 y 20 personas por día desde hace un mes” para quejarse por la suba de la TSU. “Hubo muchas más quejas este año que el año pasado. Lo que pasa es que la gente ya viene sufriendo aumentos y encima preguntan qué respuestas les da el municipio. Entonces vienen muy enojados. Aparte, el aumento fue mucho más que el año pasado”, apunta el defensor.

En la última semana, al reclamo del organismo se sumaron los de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) y la Liga de Amas de Casa, que pidieron una reconsideración de la ordenanza fiscal.

La norma fue aprobada en enero con votos de buena parte del interbloque Cambiemos y la bancada de Crear. Los bloques de Acción Marplatense y el Frente para la Victoria votaron en contra, al igual que los monobloques del Frente Renovador y el peronismo. También se pronunciaron en contra dos ex funcionarios de Arroyo: José Cano (el edil de Cambiemos fallecido el 24 de mayo) y el radical Eduardo Abud.

El gobierno municipal explicó que el 37% de los contribuyentes no registraría ningún aumento o vería reducido el valor de la TSU hasta en un 18%, en tanto que otro 44% experimentaría subas del 10% al 40%, mientras que el 19% restante tendría incrementos más elevados: del 50 al 200%.

La valuación

El aumento se disparó a partir de la modificación de la valuación fiscal que se toma en cuenta para calcular el valor de la tasa. El año pasado se dejó de tener como referencia la de 2006 para establecerla en el 50% de la correspondiente a 2015. Y este año directamente se fijó la valuación de 2016. “A la gente prácticamente se le cuadruplicó el valor de la tasa en dos años”, asegura Rizzi. “Hay casos de contribuyentes que pagaban 600 pesos y hoy están pagando 3.000”, ejemplifica.

“La gente está muy enojada porque viene la cuota 3 pero a su vez les viene otra boleta con el reajuste de las cuotas 1 y 2. Y si pagó por adelantado todo el año, igual le hacen el reajuste de las cuotas 1 y 2”, explica Rodríguez.

Según un relevamiento del organismo a partir de datos oficiales, “existen sólo 1.263 cuentas municipales eximidas” del pago de la TSU de un total de “272.220 declaradas como domiciliarias”. Es decir, menos del 0,5% de las cuentas.

Para los defensores, es una cantidad escasa en un contexto plagado de aumentos. Por eso, en el petitorio que elevaron al Concejo solicitan el cambio de dos requisitos para las personas de escasos recursos que inicien el trámite de exención. El primero es que los ingresos del solicitante no superen la suma de tres haberes jubilatorios mínimos (la ordenanza dice “dos”). El segundo es que, si tienen un vehículo, deberá tener una antigüedad mayor a 20 años (ahora dice que deberá ser modelo 1990 o anterior).

A criterio de los defensores, con esas modificaciones se incrementaría la cantidad de contribuyentes que podrían gozar de la exención de la tasa.

Un concejal que acostumbra a analizar el presupuesto municipal aseguró a LA CAPITAL que es más factible incorporar alguna corrección en el régimen de exenciones que un tope para todas las cuentas que tuvieron aumentos. “Ir para atrás complicaría todo el proceso administrativo porque las facturas ya fueron emitidas”, dijo.

Por el momento, el único bloque que se pronunció públicamente en favor de una revisión fue el de Acción Marplatense. “El desmesurado aumento es prácticamente confiscatorio”, lanzó a principios de mes la presidenta del bloque, Claudia Rodríguez. “Hemos recibido inquietudes y quejas de muchos vecinos de diferentes zonas de Mar del Plata con aumentos que superan el 100%, 150% o el 220%”, agregó.

Aun así, a los defensores les preocupa que el Concejo no reaccione. “No queremos que vuelva a pasar como el año pasado, cuando nuestro expediente no fue tratado nunca ?avisa Cuesta?. Queremos transmitirles a los presidentes de bloque lo que está ocurriendo en la Defensoría, que no es ni más ni menos que la temperatura de nuestra comunidad”.

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