Ante los reclamos de contribuyentes que recibieron boletas de la Tasa de Servicios Urbanos con montos hasta un 100% superiores a los del año pasado, la Defensoría del Pueblo reclamó que el Concejo Deliberante modifique la ordenanza fiscal aprobada meses atrás para reducir el impacto de algunos de los aumentos.

El planteo fue realizado a través de una recomendación que lleva la firma de los defensores Fernando Rizzi, Fernado Cuesta y Walter Rodríguez.

En el texto, los funcionarios advirtieron sobre el efecto que provocó la decisión del Ejecutivo de modificar la valuación fiscal de las propiedades en base a la cual se calcula la TSU, aplicando los valores establecidos por la provincia de Buenos Aires para 2016.

Según le explicó Rizzi a LA CAPITAL, esa medida provocó que “un gran número de vecinos” sufrieran incrementos de la TSU que “llegaron al 100% o que incluso fueron superiores” con respecto a lo que pagaban en el ejercicio anterior.

“Si bien para algunos contribuyentes la tasa no aumentó y para otros tuvo aumentos razonables, existen muchas personas que recibieron incrementos que no están pudiendo pagar”, sostuvo. Según dijo, muchos de esos casos generaron reclamos formales que en estos momentos están siendo considerados por la Defensoría.

Ante el cúmulo de quejas, el organismo resolvió actuar pidéndoles a los concejales que modifiquen la ordenanza fiscal y establezcan un tope para el incremento de la TSU. “Lo que pedimos es que se limite la aplicación de la nueva valuación fiscal”, indicó Rizzi, para que de esta manera las subas más importantes de la tasa registren disminuciones en el transcurso de este año.

En el texto, la Defensoría les solicitó a los concejales que “tomen en cuenta la realidad económica que atraviesa nuestro partido” y contemplen que los vecinos ya sufrieron incrementos en las tarifas de los servicios así como en diversos impuestos.

Por eso pidieron que el monto a pagar por la TSU no supere en ningún caso “el 50%” de la cifra abonada durante el año pasado.

Rizzi explicó que además de reclamar la imposición de un tope, la Defensoría solicitó que haya cambios en las condiciones para otorgar eximiciones para el pago de tasas.

Como fundamento, el organismo planteó que tras la decisión de la comuna de adoptar nuevas valuaciones fiscales, con su consiguiente impacto en el valor de la TSU, se produjo una “revitalización” en la solicitud de este beneficio. Por eso la Defensoría consideró conveniente flexibilizar las condiciones para acceder a él.

Actualmente uno de los requisitos establece que el destinatario de la eximición o su grupo familiar no posea un vehículo de un modelo superior al año 1990. Para el organismo esa exigencia, por ejemplo, debería ser modificada, fijando como nueva condición que el beneficiario no debe poseer un vehículo con menos de 20 años de antigüedad.