Carlos Bonicatto estimó que se encuentran en pleno proceso de investigación unos 800 casos. La mayoría de las causas son por denuncias de contaminación del medio ambiente y anomalías en los programas de salud.
El funcionario disertó en el XVI Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses que finalizó ayer en Mar del Plata. Ante un auditorio colmado por más de 200 especialistas, Bonicatto se mostró preocupado por la cantidad de causas que reciben a diario. "La estadística marca que hay muchas cosas que no funcionan bien en la provincia, pero es bueno detectarlas", sostuvo.
En diálogo con LA CAPITAL, Bonicatto calculó que en un futuro no muy lejano los vecinos presentarán entre 300 y 400 denuncias por mes en la Defensoría. "No estamos desbordados, pero sí alarmados por el trabajo que va a haber una vez que nosotros estemos instalados definitivamente, ya que es un cargo relativamente nuevo -afirmó-. De todas maneras, vamos a trabajar con la menor cantidad de personal posible para que no se construya un organismo burocrático". Y enseguida agregó: "Acudiremos a la Justicia como última instancia. La idea es tratar de persuadir a los miembros del Gobierno para que rectifiquen las conductas que generan esta enorme cantidad de quejas".
El encuentro, que se realizó en el NH Gran Hotel Provincial y fue declarado de interés por el Gobierno bonaerense, apuntó a intercambiar experiencias y generar un espacio de debate que permita lograr respuestas, dinamismo y eficiencia en la gestión gubernamental.
En su disertación, Bonicatto explicó que el Defensor del Pueblo tiene plena autonomía funcional y política, así como autarquía financiera, y puede promover acciones administrativas y judiciales, sin sujetarse a mandato imperativo alguno ni a instrucciones de ninguna autoridad.
Además, dijo que está en condiciones de iniciar de oficio o a petición del interesado cualquier investigación sobre la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados y empresas del Estado.
Entre otras de sus funciones, debe también supervisar la eficacia de los servicios públicos que dependen tanto del Estado provincial como de las empresas concesionarias y estará habilitado para entender frente a hechos u omisiones de naturaleza administrativa de los poderes Legislativo y Judicial.
El Defensor del Pueblo -una figura institucional incorporada en la Constitución provincial de 1994- dijo que la orientación de su gestión está dirigida a la preservación de las cuestiones ambientales y el control sobre los servicios públicos.
Acompañado por el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Enrique Honores, Bonicatto arremetió contra la administración pública. "Siempre avanza y afecta derechos. La responsabilidad puede ser de una ley, de una reglamentación, de un programa o de una persona", expresó.
El funcionario resaltó "la enorme responsabilidad" de defender los intereses individuales y colectivos de los habitantes "en una provincia difícil que tiene muchos problemas colectivos, como por ejemplo de medio ambiente, denuncias por violencia de la mujer y quejas de temas viales".
Por último, Bonicatto elogió al gobierno de Daniel Scioli. "Está trabajando con mucha responsabilidad -destacó-. Y tiene una particularidad: es una gestión muy participativa. En ese sentido, genera una vinculación con la gente interesante que permite resolver muchos problemas. Todos los funcionarios están recorriendo la provincia en forma permanente".
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