Según el informe, las injusticias que padecen indígenas y criollos del nordeste provincial son las siguientes: desmontes en sus territorios, acciones de agentes privados contra sus comunidades, inacción del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, “fuertes restricciones que se encuentran para acceder a la justicia en defensa de sus derechos ante la falta de respuesta oficial”, tala indiscriminada, deslindes y el cierre de caminos con postes y alambradas que, sin contar con autorización del Ministerio de Ambiente, impiden la comunicación entre las comunidades y obstaculiza el paso de los animales hacia las aguadas naturales, restringiendo así “la actividad económica de subsistencia que desarrollan en su mayoría, tanto criollos como aborígenes”.

Mazzone viene reclamando reiteradamente por todos estos hechos que se suceden día a día con la complicidad del Ejecutivo encabezado por Juan Manuel Urtubey. Ahora, la Defensoría le solicitó al Gobernador que haga cumplir las leyes nacionales y provinciales que al ser dictadas buscaban evitar los abusos hoy denunciados.

Entre las leyes nacionales que nos e cumplen se citó a la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) cuya aplicación en Salta se concretó en 2009; la 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas y por la cual se suspendían los desalojos. Entre las leyes provinciales que garantizarían el fin del asedio a campesinos e indígenas, los técnicos de la defensoría citaron el artículo 30 de la Constitución local (“el deber de conservar el medioambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo”); la 7658, que, reconociendo a los criollos como grupo con derecho a la tierra, prevé la realización de un relevamiento a través de un censo que debería permitir a la provincia resolver conflictos por la tenencia de la tierra, suspendiendo, a su vez, los desalojos. Ley que, además, fue recientemente prorrogada por la Legislatura Salteña hasta junio de 2014.

El organismo nacional también resaltó que las precarias condiciones del estado provincial posibilita el desmadre: la provincia “cuenta con solo un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques y si bien se encuentra todas las semanas en el terreno, se ven superados por la dimensión del espacio”; “la inacción del Ministerio de Ambiente de la Provincia junto a nula capacidad de limitar las actividades de los privados”; “que los mapas del INAI no son considerados como documento de ninguna validez”; “que las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores”; que esos mismos agentes del Estado “no tienen permiso para ingresar a propiedades privadas y son tomados como objeto de burlas por los propietarios”, o que no “cuentan con recursos para decomisar los postes u otros derivados de los bosques”.

El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Stella, terminó su escrito con la siguiente frase: “la defensoría verificó una clara vulneración a los derechos de esos pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medioambiente, debilidad en el accionar de la provincia ante la falta de atribuciones de los organismos locales para la solución de los hechos observados, y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”

Esto deja una clara evidencia del compromiso que conlleva cada una de las denuncias que encabeza la Diputada Liliana Mazzone, quien al respecto afirmó que “es muy bueno que todo lo malo que pasa en Salta trascienda las fronteras regionales y llegue a las autoridades nacionales y a la ciudadanía en general para que el Gobernador Urtubey, antes de lanzarse a nuevas candidaturas, le explique a todos los argentinos porque ocurren situaciones como éstas en la provincia que gobierna”.