Tras recorrer las instalaciones y dialogar con los vecinos afectados, este mediodía, el Ombudsman envió un pedido de informe al Municipio “en relación al procedimiento efectuado por las intimaciones recibidas por los Vecinos de la zona de las Mil Viviendas, en el cual la comuna insta al desalojo de los kioscos, verdulerías y garajes asentados en espacios públicos”.

En la nota se fundamenta el “Derecho a la Vivienda digna” establecido en la Constitución Nacional y Provincial. “En este caso particular hay construcciones que datan de hace más de 30 años realizadas con el acuerdo y autorización de sus vecinos, avalados por las anteriores gestiones”, señalaron. “Por otra parte, no existe orden Judicial de desalojo, ni diálogo previo con las personas afectadas por estas intimaciones. En muchos casos esta medida se traduce en la pérdida de su vivienda, fuente laboral y por lo tanto el único sustento de estas familias”, explicó Rodríguez.

Asimismo el Defensor afirmó: “Se debe tener en cuenta que esto afecta a miles de vecinos con problemas de déficit habitacional, quienes diseñaron estrategias alternativas para que sus familias puedan desenvolverse social y económicamente”, afirmó el Defensor.

Por su parte, el diputado Parodi afirmó: “Esto no es algo que se deba solucionar con una demolición, requiere una asistencia integral para estos vecinos. Vamos a mediar para alcanzar una solución inmediata para todas estas personas afectadas”.