Lo hizo tras realizar un relevamiento de la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) y la incidencia que tienen los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. 

El último indicador oficial del Ministerio Público bonaerense, correspondiente al primer trimestre del aislamiento que provocó la pandemia en 2020, mostró que el número de IPP con jóvenes de 16 y 17 años involucrados fue un 52,7 % menor respecto a igual periodo de 2019.

“La situación se ve con mayor claridad si comparamos lo sucedido durante la última década. En 2009, los procesos iniciados en ese Fuero representaban el 4,54% del total de IPP abiertas en la Provincia y ese indicador se ubicó en menos de la mitad, 2,08%, durante el año pasado”, contrastó el Diputado provincial con mandato cumplido.

MEDIOS

Por otro lado, el funcionario a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo sostuvo que “el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se instala cada vez que se produce algún hecho con fuerte impacto mediático”.

“Ahora bien, plantear que la única solución que puede dar el Estado pasa por el sistema penal, es de una falacia absoluta. El Estado, particularmente la Justicia, cuenta con distintas herramientas que otorga el ordenamiento jurídico vigente para prevenir la delincuencia juvenil y actuar en los casos de los adolescentes que infringen la ley”, explicó Martello.

POSICIÓN

En tanto, destacó que la doctrina de la reducción de la edad penal es “sistemáticamente rechazada por la comunidad científica y académica en cualquier lugar del mundo dada su inconsistencia teórica, su distancia con los estándares internacionales y su ineficacia política-criminal”.

“Nos preocupa el reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes. Ya no parece ser un error conceptual, sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”, fustigó.