Las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo respecto a la necesidad de que la empresa de energía Secheep convoque a una audiencia pública antes de fijar los incrementos de tarifas no fueron tenidas en cuenta, situación por la cual el defensor Gustavo Corregido, ...
Al mismo tiempo impulsó una medida cautelar innovativa a fin de que se suspendan los efectos de la resolución y requirió que se ordene el llamado a audiencia pública “de amplia participación” que permita el acceso a todos los habitantes de la provincia a la información de manera “detallada, veraz y cierta”.
La jueza Civil y Comercial Nº 1 de Resistencia, Eloísa Araceli, recibió las presentaciones y convocó a una audiencia de conciliación judicial entre la Defensoría y Secheep, fijada para el miércoles 29 de mayo a las 17. Además pidió a ambas partes un informe detallado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, “el que deberá ser contestado en el término de dos días, desde su notificación, ofreciéndose en dicha oportunidad la prueba de la que intente valerse”.
El caso
Antes de que se disponga el incremento Corregido había solicitado a la empresa energética que convoque a audiencia pública para dar participación a los usuarios y hacer conocer su opinión sobre el cargo fijo. Sin respuesta a esto y siendo de conocimiento público que Secheep finalmente concretó los incrementos en la facturación de mayo, la Defensoría requirió a mediados de este mes, en carácter de urgente, que informe respecto del instrumento legal con el cual se autorizó el aumento del servicio energético y la implementación de un cargo por mantenimiento.
La empresa contestó enviando copia de la Resolución Nº 297 emitida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por el que se informa del cargo creado.
Al tomar contacto con este instrumento legal, el Ombudsman consideró que el último incremento de la luz que sufrirán todos los chaqueños no es más ni menos que “un nuevo tributo el cual debería haber sido tratado y aprobado por la Legislatura provincial”.
Por este motivo impulsó dos acciones judiciales en conjunto. Por un lado, presentó una medida cautelar innovativa contra Secheep a fin de que se suspendan los efectos de la Resolución Nº 297 de fecha 23 de abril de 2013 del Ministerio de Infraestructura por el que se determinó la implementación del cargo por mantenimiento (compuesto por cargo fijo mensual y cargo variable de $/KWH 0,02), los que han sido incorporado a la factura mensual de cada usuario desde el mes de Mayo de 2013, “ordenando se retrotraiga el cuadro tarifario vigente antes del dictado de la Resolución mencionada”.
A la par, planteó una acción de amparo contra Secheep y el Ministerio de Infraestructura, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 297 por cuanto “se han vulnerados derechos constitucionales de los usuarios y consumidores de la Provincia del Chaco y no se han seguido los procedimiento legales para la creación del cargo por mantenimiento”.
Asimismo, se requirió que se ordene el llamado a audiencia pública de amplia participación que permita el acceso a todos los habitantes de la provincia a la “información de manera detallada, veraz y cierta sobre la creación del cargo fijo por mantenimiento, que constituye un aumento de tarifa”.

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