Si bien expresó que la sentencia que determina la inconstitucionalidad del Decreto aún no está firme - quedando una instancia de apelación - y que recién al estar consentida y firme el Estado tendrá la obligación de devolver pagos a los usuarios, el funcionario remarcó que ese punto en esta instancia está fuera de discusión.

En este marco, Galarza expresó su deseo de enviar tranquilidad a la población recordando que, recientemente, la Cámara de Apelaciones de Salta se expidió sosteniendo la inconstitucionalidad del Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional y demás resoluciones dictadas en consecuencia, siguiendo la línea del Juez Federal en Jujuy.

“Hemos ganado en primera y segunda instancia el tema de la ilegalidad del Decreto”, sostuvo Galarza, “que no caerá, porque a la presentación, el Defensor del Pueblo no fue solo, sino que contó con la adhesión del bloque de Diputados de la UCR y de la Unión de Empresarios de Jujuy”.

Legitimación

Comentando sobre las discusiones que apuntan a una supuesta falta de legitimación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy para defender en sede judicial los derechos de los usuarios de la provincia, Galarza sostuvo que el Juez federal de Jujuy reconoce la legitimación y rechaza al Poder Ejecutivo Nacional la falta de legitimación, “aunque la Cámara de Apelaciones no comparte esta visión, por lo que hay dos fallos diferentes en cuanto a la misma”.

En este sentido, Galarza expresó que se apeló recientemente el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario ya que, ante eventuales situaciones similares a la ocurrida, los derechos de los usuarios de esta provincia se verían desprotegidos, haciendo una reserva para concurrir eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por los derechos de la institución de poder defender a los usuarios y consumidores de la provincia de Jujuy. Esto está motivado, de acuerdo a lo expresado por Galarza, “debido a que sobre esto hay una contradicción: si a nosotros la Ley de creación nos obliga a defender los derechos de los ciudadanos jujeños sin importar la raza, religión ni nacionalidad, por qué nos tienen que obligar a defender los derechos de los usuarios y consumidores de Jujuy importando la jurisdicción, obligándonos a que nos fijemos si es nacional, provincial o municipal”.