“Poner en funcionamiento al instituto del defensor del Pueblo implica poner en funcionamiento una institución autónoma, independiente de los demás poderes del Estado y con aptitud de defender los derechos del ciudadano frente a los organismos del Estado.

El diputado por Libres del Sur, Carlos Martínez, aseguró que la cuestión principal sobre la puesta en funcionamiento del defensor del Pueblo y la designación de personal, se va desviando cada día más de su eje, por lo que pidió no olvidar la responsabilidad que tuvo el PJ y la UCR en “el tema que cada vez se embrolla más”. Es que el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, a cargo del doctor Julián Flores presentó una medida cautelar, en el cual intima al Poder Legislativo y Ejecutivo a la puesta en funcionamiento del ombudsman provincial, decisión que fue criticada duramente por el presidente del bloque del PJ, Ricardo Sánchez.

Sin embargo, el referente del bloque unipersonal, fue cauto ante esto y dijo que no se debe dejar de lado que en junio pasado, desde Libres del Sur, “planteamos que se lleve adelante el concurso de antecedente y oposición, fijar la vista en el ente y no en las personas, así como garantizar su independencia y autarquía de los poderes del estado. Todos puntos esenciales que con el tiempo fueron dejado de lado”.

El legislador incluso fue más allá, al asegurar que el terreno “quedó minado” cuando los bloques mayoritarios designaron a dos personas para que ocupen el cargo, que si bien hoy en día no están en funciones, la constitución les garantiza, “mientras dure su buena conducta”, durante sus cuatro años de gestión, permanecer en sus puestos de forma inamovible.

“Es bastante sui generis lo que hicieron, porque se prevén dos defensores, y ambos pueden tomar decisiones que no son complementarias y completamente opuestas”, indicó.

A esto, le agregó lo que sucedió con el veto del Ejecutivo sobre la designación de cargos del personal, luego de la condena que tuvo por parte de la sociedad, y en este contexto, también cuestionó a Gustavo Corregido como a Daniel Illia, porque “voluntaria o involuntariamente, intencional o no, formaron parte de todo ese procedimiento de mediados de junio de la sanción de la ley que desembocó en este embrollo”, (por la designación del personal).

Martínez tampoco consintió la propuesta de Corregido para designar como personal, a personas que se desempeñan en otras áreas del Estado provincial, porque a pesar de que lo positivo es que no generaría gastos en el Estado, lo negativo es que son agentes de otras áreas, y hubiesen estado como personal afectado, por lo que cada 31 de diciembre volverían a sus puestos originales.

De hecho, explicó que se cabría la posibilidad de generarse un conflicto porque estos empleados, por pertenecer a un puesto del Estado, podrían sufrir la persecución del lugar donde se desempeña.

“Había que concursar los cargos antes de generar este embrollo, y los dos bloques mayoritarios son los únicos responsables de generar esto. Paradójicamente, esta situación, perjudica al pueblo del Chaco” agregó.

El instituto del defensor del Pueblo

El legislador aclaró con respecto a la medida judicial, que “una cosa es poner en funcionamiento al defensor del Pueblo y otra cosa es poner en funcionamiento al instituto del defensor del Pueblo” y explicó que en este último caso implica “poner en funcionamiento una institución autónoma, independiente de los demás poderes del Estado y con aptitud de defender los derechos del ciudadano frente a los organismos del Estado, y esa es la principal diferencia”.

A su vez, recordó que Libres del Sur presentó un despacho alternativo cuando se creó la ley Nº 6817 (que modificó la Nº 4190 vieja ley del defensor del Pueblo) y fijó ésta estructura bifronte, pidiendo el concurso de antecedente y oposición. “Yo no fui a la sesión en la que se designó a ambos defensores, para no colaborar con todo este embrollo”.

Ahora, propone dar un tiempo específico para convocar a sectores de la sociedad, “como no se hizo desde un principio”, y discutir acerca de cómo debe funcionar el defensor del Pueblo, pero no prefiere hablar de “personas, sino de instituciones”.