Defensor del pueblo: el PJ analiza dar marcha atrás con las designaciones

El fuerte repudio que sufrieron los bloques legislativos mayoritarios al sancionar la estructura de cargos y nominar al mismo tiempo el personal para la Defensoría del Pueblo ahora los llevó a cambiar la estrategia y apuntar a la elección del personal a través de concurso, pero también habilitar esto para la selección de los dos defensores.
Si bien las autoridades de los bloques aliancista y justicialista coincidieron en esta nueva perspectiva —no pensada hasta hace una semana—, fue el PJ el que presentó un proyecto para establecer el concurso, y al mismo tiempo están analizando la posibilidad concreta de dar marcha atrás en la selección de los defensores Gustavo Corregido y Daniel Illia, ya designados el 14 de julio.

El proyecto del justicialismo ingresó días atrás y prevé modificar los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4190, dejando expresamente establecido que la selección del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo adjunto se efectuará previo concurso de antecedentes y oposición, al igual que para la selección de la estructura de personal. El proyecto El presidente del bloque del PJ, Ricardo Sánchez, aseguró a NORTE que “el proyecto plantea tres concursos, uno destinado a elegir el defensor, otro para el adjunto y un tercer concurso para todo el personal. En todos los casos lo llevarán adelante las comisiones de Legislación general y Asuntos Constitucionales, con la participación de docentes universitarios tanto de la Uncaus como de la UNNE y la posibilidad de convocar a otras entidades que le den la mayor transparencia al sistema”. Aclaró que con este proyecto adelantan posicionamiento parlamentario y político ante la critica que recibió la norma sancionada, pero debemos respetar los tiempos parlamentarios y primero resolver el veto que anticipó el gobernador que hará. Por los tiempos de la Cámara el veto casi con seguridad será tratado en marzo, así que veremos qué hacemos con la resoluciones de Corregido e Illia, que no fueron designados por ley, sino por una resolución de la Legislatura”. “Simple nominación” Sánchez manifestó que “creo que toda resolución puede retrotraerse, pero será un tema que analizaremos cuando ingrese el veto del gobernador. Para nosotros es una simple nominación que está en suspenso porque no tiene ningún requisito, presupuesto, personal, ni estructura. No tiene nada y no están en funciones”. Por último aseguró que con la Alianza quedaron en dialogar sobre este tema una vez que se conozca el veto, pero como “la crítica hacia la ley provino por la falta de concursos y si queremos transparentar totalmente la cosa, vayamos a un concurso total”. “Quieren patear todo” La nueva postura del oficialismo de retrotraer las acciones para elegir por concurso todo lo que tenga que ver con la Defensoría del Pueblo fue cuestionada por el diputado del Frente Grande Fabricio Bolatti quien si bien recordó que ellos plantearon de antemano la necesidad de concurso, ahora “Gustavo Corregido como Daniel Illia ya están designados, y nadie planteaba que faltaba algún otro requisito. La designación la hizo la Cámara de Diputados con los dos tercios de los votos, decisión que luego se formalizó en una resolución de la Cámara, y si quieren avanzar ahora tendrían que destituirlos”. Insistió en que antes de la selección propusieron el esquema del concurso, pero “ahora que se dieron cuenta de que hicieron un mal negocio se desesperan y quieren patear todo para que no se haga nada. Están enojados por el papelón que hicieron y están queriendo pasar factura”, reflejó el legislador en referencia a la nominación de parientes y amigos de los legisladores para formar parte de la estructura de la Defensoría. Bolatti expresó que “ellos eligieron al defensor, quien no se subordinó al acuerdo que evidentemente estaba pensado para poner un defensor cada partido mayoritario y la estructura. A raíz del papelón ven que se van a quedar sin nada, que ahora impulsan el concurso. Lo que pretenden que caiga todo para ver que nuevo acuerdo puedan hacer”. También indicó que “una vez que ingrese el veto, en la Cámara tienen 90 días para tratarlo, y si bien por los tiempos sabemos que puede ser tratado en el encuentro del 14 de diciembre, somos conscientes de que no van a querer aceptar así nomás el veto y retrasar todo y que no entre en funcionamiento la Defensoría”. Cabe destacar que el gobernador de la provincia se comprometió para que el Defensor del Pueblo entre en funcionamiento desde el 1 de enero del año próximo, algo que a esta altura parece imposible suceda.

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