El anticipo del intendente Carlos Mauricio Camau Espínola sobre los proyectos productivos e industriales que tiene para el predio del antiguo regimiento Santa Catalina, en el marco del nuevo movimiento que realizó en su gabinete, puso en alerta a los okupas que hoy están asentados en terrenos privados del barrio Pirayuí y debido a que las inmobiliarias adelantaron que solo venderán 968 lotes, aguardan la cesión de tierras que prometió Camau a la provincia para la construcción de viviendas sociales.

Ante la preocupación, presentaron ayer un escrito al defensor del Pueblo de la provincia, Miguel Alegre. En el documento dan a conocer su temor de que –frente al retraso en la cesión formal de las 400 hectáreas comprometidas por el intendente–, ese predio finalmente sea destinado a otros intereses de la gestión municipal. En concreto, le solicitan al ombudsman que intervenga y le pida a Espínola que acelere el proceso de cesión para llevar tranquilidad a las familias que permanecen a la intemperie del mayor asentamiento de la ciudad.

En ese contexto, Alegre analiza qué posición adoptar y si efectivamente acudirá al intendente de la ciudad capital para instarlo a responder la demanda de los vecinos que “están preocupados por esos terrenos”, luego de que el intendente informó públicamente que serán destinados a proyectos productivos y a la construcción de un parque industrial.

En ese sentido, fuentes allegadas a la gestión de Camau dejaron trascender que detrás de los proyectos habría un importante negocio inmobiliario dirigido a empresas ligadas a la gestión.

Al admitir el nuevo destino que tendrá el exsecretario de Economía, Lucas Ferrero, el intendente reveló que ahora el economista se encargará de los proyectos productivos en general, como el parque industrial en Santa Catalina, y dijo que “hay muchos otros proyectos, hay un potencial enorme y queremos aprovecharlo, incentivando a la inversión privada”.

Los detalles se conocerían en la conferencia convocada para hoy. No obstante, trascendió que Ferrero pasará a presidir una suerte de Corporación Puerto Madero a la correntina. El dato puso en vilo a los okupas del barrio Pirayuí que siguen a la espera de una solución al déficit habitacional, situación para la cual Camau había prometido ceder 400 hectáreas de ese predio a la provincia y todavía no lo concretó.

Es por eso que pidieron la inmediata intervención del defensor del Pueblo y ahora Alegre analiza qué medidas y acciones adoptar. “Denuncian que esos terrenos que ahora se vinculan con proyectos productivos serían los mismos que el intendente dijo que cedería a la provincia y temen que se cambie la naturaleza del proyecto”, indicó el ombudsman a La República. “No quieren que se cambie el uso prometido para esas tierras y apelan al derecho de acceso a la vivienda para pedirme intervención”, sostuvo Alegre, quien tomará una decisión en el transcurso de la jornada de hoy. Los vecinos están en alerta porque las empresas inmobiliarias anticiparon que las 42 hectáreas de las que disponen solo podrían ser loteadas en 968 parcelas de 10x30, conforme a las negociaciones que siguen adelante para un acuerdo de compra-venta con las familias de okupas.