SALTA.- Se trata del intento de instalar en la opinión pública el descrédito simultáneo de los poderes Ejecutivo y Judicial por la intervención deliberada de uno sobre otro, mientras que ese modo de presión es en sí mismo, un intento de intervenir en el accionar de la justicia

El argumento implícito y central de esa guerra que se declaró desde las páginas de El Tribuno contra las designaciones en el Poder Judicial, es que las causas que se siguen contra Romero responden a un direccionamiento del Ejecutivo por la intención manifiesta del senador de disputar nuevamente la gobernación en el 2015.

Efectivamente el Estado provincial, representado por el Gobierno, actúa directamente como querellante en la mayoría de las causas que se siguen contra el senador nacional, pero esas acusaciones no carecen de sustanciación por sí mismas, de acuerdo a la documentación que consta en los expedientes.

La elusión sistemática del exgobernador a las indagatorias para las que fue convocado por la Justicia, constituyen también un doble mensaje dirigido a la opinión pública: por un lado, busca preservar el relato de la politización que resta legitimidad a las citaciones y por el otro, no aclara sobre los hechos que se investigan.

El caso paradigmático en ese sentido, es el de la causa por el delito de peculado en la compra y venta de 90 hectáreas de La Ciénaga. Romero debía prestar declaración indagatoria en mayo pasado, pero la defensa del senador, encarada por el abogado Oscar Guillén, recusó al juez de Transición 3, José María Alvarado Solá, autor de las citaciones, y apeló el llamado.

El argumento de la apelación, fue que para la citación a indagatoria, el magistrado actuó instigado por los medios de comunicación. También consideraba la presentación de Romero, que la convocatoria era improcedente, puesto que aún estaba en trámite otra apelación de la defensa, ante la Corte de Justicia de la Nación.

La politización de la causa también fue invocada por la defensa de Romero, ya que Guillen resaltó que de los trece imputados en la causa de La Ciénaga, solo había sido citado a indagatoria su cliente, contra quien consideró que pesaba una persecución política.

Otra queja de la defensa respecto de la indagatoria, fue la de que el juez de la causa se negó a cederle fotocopias del expediente al abogado Guillén.

Tras la jubilación de Alvarado Solá, los planteos de la defensa recayeron en lo jueces Adolfo Figueroa y Abel Fleming, quienes hicieron lugar a la negativa por las fotocopias, pero rechazaron los otros planteos, dejando firme la citación a indagatoria.

En su voto, el juez Figueroa sostuvo que el llamado a indagatoria puede ser considerado un acto de defensa del imputado, puesto que le permite dar las explicaciones del caso. "Aún cuando constituye un paso necesario para avanzar en el proceso, la indagatoria es un medio de defensa y no de prueba”, afirmó el juez, quien agregó que "oponerse a la producción de tal acto procesal, solo puede tener como objetivo la obstrucción del procedimiento”.

Indagatoria inevitable

En las consideraciones del juez Adolfo Figueroa, se fija una inevitabilidad para la presentación de Juan Carlos Romero ante la Justicia, ya que aduce que el senador puede abstenerse de declarar, pero tiene que presentarse ante el magistrado convocante. "Que preste o no declaración dependerá exclusivamente de su voluntad, pero no podrá sustraerse del llamamiento sin riesgo de declarárselo rebelde”, expresó el magistrado.

Sobe el tratamiento mediático aducido por la defensa de Romero, el juez Abel Fleming consideró que éste puede recurrir a una demanda de responsabilidad, ya que el Tribunal no puede atender sus cuestionamientos respecto a actos de la prensa.

La posibilidad de citar nuevamente a Romero para ser indagado, quedó así abierta para que el juez Federico Diez, a cargo del Juzgado de Transición 3, pueda hacer uso de ese recurso.

Una de las respuestas a los cuestionamientos en la designación de magistrados y funcionarios judiciales, fue emitida por el secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, quien aclaró que el Ejecutivo no participa en la selección.

Padrós aclaró sobre el Consejo de la Magistratura y su importancia institucional establecida en la Constitución de la Provincia de Salta del año 1998. Ese órgano es el que tiene a su cargo la selección de los candidatos a jueces y fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El ex fiscal de Estado de la Provincia se refirió directamente a las acusaciones mediáticas, y consideró que "rozan o afectan directamente la credibilidad de la sociedad en el normal funcionamiento de las instituciones en el sistema democrático, como el que vivimos. Como todo el mundo sabe, ese diario está ligado por lazos familiares y económicos al senador Juan Carlos Romero y a su familia, pero yo no quiero personalizar en eso, porque independientemente de los ataques, por cierto de tono injustificado, puedo garantizarle que no son para nada ciertas las noticias acerca de una supuesta manipulación por parte de funcionarios vinculados a la gestión de gobierno en el Consejo de la Magistratura”.

El Secretario General de la Gobernación destacó el cambio introducido en el año ‘98, donde la Constitución establece la composición del Consejo de la Magistratura, con integrantes de la Cámara de Diputados, representantes de los abogados, del Ministerio Público y de la Corte. Además, con buen criterio no se estableció en su integración a ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Por ello, dijo, "es muy importante destacar que en la composición del órgano de selección de candidatos a la magistratura del Poder Judicial y del Ministerio Público, no tiene intervención ningún funcionario del Poder Ejecutivo”.

"Yo lo que creo es que en Salta estamos ante una justicia que ha vuelto a ser independiente después de muchos años y eso afecta sin duda a intereses económicos y políticos poderosos. Esto detiene algunos privilegios que por el camino que vamos no volverán, para suerte de la sociedad salteña”, manifestó Padrós.

El funcionario manifestó que no cree que los ataques estén dirigidos en particular a su persona sino que se trata de "un tiro por elevación al Gobernador de la provincia. Yo creo que esto es un ataque directo al sistema judicial de Salta, lo que están pretendiendo instalar”.

Simón Padrós apuntó a la relación de la anterior gestión provincial y la Justicia, recordando que determinados intereses, políticos y económicos con mucho poder "durante muchos años han pretendido y lo han hecho, manipular los resorte del Poder Judicial”. La referencia innegable es a la escandalosa designación, sobre el final del gobierno de Romero, de Gustavo Ferraris en la Corte de Justicia, acto que puede ser tomado como ejemplo paradigmático de la designación a dedo para atender a un beneficio personal.