Asistidos por el derecho constitucional y el aval de tratados internacionales a los que adhiere nuestro país, en las próximas horas OPINION CIUDADANA formalizará su pedido de inconstitucionalidad del despropósito de la jueza Taboada, con el que instaló un indiscutible escenario de censura previa contra el medio gráfico independiente.
Se preparan las denuncias a nivel nacional, en las próximas horas las máximas autoridades del prestigioso centro de estudios para los derechos humanos Nelson Mandela y el premio Novel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, acompañados de organizaciones de DDHH visitaran nuestra ciudad y se reunirán con los directivos de Opinión Ciudadana.
LISTOS PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA
Por estas horas, los abogados de OPINION CIUDADANA reúnen la jurisprudencia más sobresaliente que existe en materia de ?anti ? censura? para armar la base de la denuncia que contra la jueza Viviana Taboada presentarán ante la Justicia ordinaria para sostener el criterio de inconstitucionalidad e irracionalidad adoptado por la mujer.
Este miércoles, violando discrecionalmente un principio elemental de la democracia y una de las enmiendas más protegidas de la Constitución, esta jueza volvió a censurar irracionalmente a este medio, esta vez prohibió publicar detalles de una denuncia laboral y un reclamo salarial presentada por una ex empleada estafada por el diputado Armando Cabrera.
Profesionales del derecho, no escatiman calificativos para criticar lo que denominan una ?burrada gigantesca?, ?censura descarada?, medida ?inadmisible?, ?irracional?, ?injustificable?, ?demencial?, ?intolerable?, ?vergüenza jurídica? o ?brutal ataque? de una jueza Gildista para proteger obsesivamente al amigo y compañero de bancada de se padre, que también es diputado justicialista y encumbrado dirigente del partido de gobierno.
La señora Taboada, despojándose de los valores y principios que deberían regir la noble función que desempeña, y en la búsqueda de amparar al poder político hasta de las demandas laborales presentadas en su contra, no vacilo en firmar un resolutorio ordenando el cese de publicaciones. Además fijó una altísima multa de 100 mil pesos por cada publicación que involucre al legislador ultraprotegido, y amenazó con la cárcel al director de este medio grafico si incurre en desobediencia, lo que se constituiría en uno de los primeros encarcelamientos a dueños de medios de comunicación luego del fin de la dictadura militar.
Entretanto, los abogados de OPINION CIUDADANA trabajan en la elaboración de una denuncia para demostrar la conducta inconstitucional de la jueza que pretende esconder su acto de censura previa detrás de la figura del secreto de sumario.
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