El coordinador de ese centro de estudios, Rolando Nuñez, se hizo presente para llevar adelante una apoyatura a partir de que Ballesta se encontraba en una audiencia fijada con antelación, por ello se encargó de explicar las acciones donde detalló que la denuncia penal contra los consejeros que firmaron la resolución de audiencia del jury, pese a que existe una orden de suspensión luego que la jueza planteó un recurso de inconstitucionalidad aún no resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.

Por esta razón de acuerdo al artículo 248 y 249 del Código Penal entienden que los consejeros incurrieron en abuso de poder e incumplimiento de funciones que están encuadrados en delitos de acción pública por falta de acción u omisión.

Los pasos También puso de relieve los pasos de la defensa, donde consideran un punto primordial el hecho de que “ningún juez puede ser enjuiciado por una sentencia, y menos cuando se trata de una sentencia en una medida cautelar. En el caso de Corchuelo la quieren someter a jury sin siquiera haber sido denunciada penalmente por ningún hecho”. Además relató que a los 5 meses que la jueza dictara su fallo cautelar, el Superior Tribunal de Justicia lo anuló, por lo tanto “los remedios naturales se dieron y no se debe llegar a un proceso extraordinario como este”.

Para fundamentar más la posición recordó que el pedido de jury fue por una medida cautelar que acompañó una acción de amparo presentada por trabajadores de salas de videopóker y reflejó que ante una cautelar “el juez no tiene que tener una verdad plena como si debe ocurrir en el juicio principal, sino que es suficiente con invocar que sea razonablemente verosímil. Lotería logró que el STJ anulara el fallo, por eso se resolvió el tema dentro de los carriles previstos”.

Cambiar la ley El 21 de octubre se cumplirán tres años de la suspensión de la jueza Corchuelo, y en este contexto Nuñez plantea que se necesita un nuevo Consejo de la Magistratura y que la ley de 1958 es inconstitucional en mucho de sus tramos, por eso consideró que “se debe instalar en todos los sectores la necesidad de una nueva ley que regule una nueva forma de constitución y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y que se desdoble una conformación para elegir jueces y otra para los enjuiciamientos”.