La primera reacción del sindicato docente neuquino ATEN, tras conocerse el texto del decreto por el cual el gobierno de Jorge Sapag declara “servicio esencial” al educativo a cargo del Estado, no solo fue de rechazo, sino que puso en duda su efectiva aplicación, al señalar con claridad que “en caso de que se aplicare” la medida, sólo serviría para crear un caos mayor.

Los sindicalistas también esgrimieron un curioso argumento teórico para expresar su repudio ante la concreción de una medida que la administración política del Estado hace años evaluaba aplicar: adujeron que la educación pública no es un servicio, sino un derecho. Como si ambos conceptos fueran contradictorios y no complementarios.

Lo sucedido el sábado en Neuquén no es una casualidad, sino tal vez el punto máximo de síntesis de un proceso que está en marcha desde hace mucho tiempo, y que enfrenta al creador de un modelo de administración del Estado –el MPN- con una criatura subsidiaria de ese modelo, el sindicalismo estatal.

El MPN tiene con los sindicatos estatales la misma relación que puede tener un padre con sus hijos. Es protectora al principio de la vida de sus retoños, conflictiva en el medio, alejada al final.

Los chicos han crecido, y hasta tienen su propio partido político. Es inexorable que el MPN entre en la última etapa de sus relaciones carnales con el gremialismo subsidiario, y se plante para discutir en un nuevo contexto, que implica no sólo lo específico de una vinculación laboral en el Estado, sino una ineludible coyuntura eleccionaria.

Es posible que Jorge Sapag –y el resto del MPN, incluido sus opositores- sea muy conciente de que ha comenzado una pelea con una alianza político-sindical cada vez más evidente, que además entronca con el peronismo K. Es un proyecto que se expresa ya en las internas de este año, y que ha obligado a demorar las internas propias.

Desde el partido provincial se observa con atención el eje que vincula al intendente de Neuquén, Martín Farizano, como posible candidato no solo de la UCR, sino también del PJK, y lo que es peor, de UNE y hasta Libres del Sur, pasando por todos los pequeños partidos de centro-izquierda que pululan en Neuquén sin fuerza para presentarse solos en un escenario copado por los partidos tradicionales.

Así, la decisión de decretar servicio esencial al educativo, con la consecuente obligación de mantener las escuelas abiertas, no solo es una jugada que involucra mayor firmeza para garantizar el acceso a la educación de una población que asiste azorada a las peleas del poder estatal; también es el aviso definitivo que lo que pasó en 2007-2008 ya no se repetirá, y que el MPN entró en la fase de lejanía en la relación padre-hijo que mantiene de manera oscilante con el sindicalismo y sus expresiones políticas.

El escenario político actual muestra así estas curiosidades. El MPN hace fuerza para que Horacio Quiroga le gane la interna radical a Farizano. Quiroga, ex kirchnerista, hace campaña advirtiendo a sus correligionarios que hay una conjura de Oscar Parrilli y de los Kirchner para destruir al radicalismo neuquino. Jorge Sobisch es el más entusiasta defensor de Sapag en la interna del MPN. Todos estos puntos señalados tienen un denominador común: el temor a que aumente el poder del sindicalismo estatal, y ya sea imposible administrar el Estado sin coparticipar decisiones y beneficios.

Por estas cuestiones se entiende, también, como probable, que la conducción actual del MPN espere el resultado de la interna del 13 de junio, que librarán Quiroga y Farizano, para hacer el llamado a las internas propias para renovar cargos de conducción partidaria. Por lo menos esta es la especulación que se escuchó de boca de algunos dirigentes.

“Quieren (se supone que se refieren a Sapag y Sobisch) semblantear lo que pasa en la interna del PJ –este domingo- y del radicalismo”, comentaron.

Más allá de estos razonamientos de política práctica, la provincia no está bien. Es cierto que el refinanciamiento otorgado por el gobierno nacional es una relativa buena noticia, sobre todo porque libera al gobierno de obligaciones políticas que rozaban la humillación. Cristina y Néstor arriesgaron mucho con esta jugada, porque si pensaban que obtendrían así un acompañamiento electoral seguro de los gobernadores, es probable que se hayan equivocado: los gobernadores acompañan mucho si necesitan plata, y poco si no necesitan o necesitan menos.

Pero Sapag y el MPN deberán trabajar mucho para reconstruir lo que siempre ha sido la base de gestiones exitosas y resultados eleccionarios asegurados: la acción efectiva de gobierno. Más allá del intento por recuperar la ofensiva en este sentido, es evidente que los problemas son muchos, y tienen que ver con cuestiones esenciales: la educación, la salud, la seguridad.

El conflicto con ATEN es nuevamente un caso testigo de la eficacia de gestión. Promedia mayo, y el servicio (y el derecho) educativo ha sido horriblemente malo. Si bien el paro va cayendo por propio peso, ya que muchos maestros y maestras volvieron y volverán a las aulas por el impiadoso dictado de su víscera más sensible, el bolsillo, no es menos cierto que habrá que volver a considerar alguna medida extraordinaria para que el ciclo lectivo 2010 no pase a la historia como el del año que Neuquén promovió la ignorancia más que la instrucción.

La certeza de la gran magnitud que tiene este problema torna casi ridículas las posiciones estrictamente sectoriales. Si las políticas de un Estado se deben regir por la necesidad de las mayorías, es evidente que sólo queda esperar respaldo ciudadano mayoritario al decreto que le da prioridad a la educación por sobre el derecho a huelga.

Es un tema que se discute hace tiempo, y hay una especie de consenso social que le hará daño seguro a la posición de defensa irrestricta del derecho a huelga que hacen los sindicatos.

El gobierno de Sapag, con este paso que ha dado, avanzó varios casilleros. Podrá cohesionar al MPN en una causa que está muy relacionada con la coyuntura electoral del año próximo. Podría también –si mantiene el diálogo abierto con el gremio- demostrar que la firmeza no implica menoscabo de democracia. Podría, sobre todo, demostrarle a la ciudadanía provincial que está realmente convencido de que lo que ocurra en las escuelas públicas es responsabilidad exclusiva del Estado, y particularmente de la conducción política –la elegida por esa misma ciudadanía- que lo administra.

Si maneja bien los momentos, hasta podría desarmar vínculos de la oposición que hoy avizora como peligrosos.

El decreto de Sapag abre así un nuevo escenario, uno que la oposición al MPN no podrá eludir, y que le significará consecuencias inexorables.

Que sean buenas o malas para sus proyectos, dependerá de cómo resuelva esta coyuntura, jugada al límite –por primera vez- por un gobierno que va dejando atrás las dudas, para reafirmar certezas que tiene en su propia composición genética.