Mediante el dictado del decreto 528/10, la Gobernadora declaró el pasado 3 de marzo la emergencia informática y de comunicación en la Administración Pública Provincial. La medida apunta a que se elabore de un plan de acción para regularizar y garantizar la continuidad de los servicios informáticos, realizar relevamientos de datos, información y documentación pública, coordinar una evaluación integral del funcionamiento de las dependencias y jurisdicciones de la Administración Central, con el objeto de establecer los procedimientos y criterios técnicos que resulten idóneos y adecuados para garantizar los servicios y tramitaciones públicas.

A dos años de creada la Secretaría de Informática y Comunicaciones, el Ejecutivo justifica el dictado de esta emergencia en la ausencia de equipamientos informáticos adecuados, la carencia de recursos humanos capacitados conforme los estándares informáticos actuales, el incremento constante de los requerimientos de servicios informáticos, la falta de un plan integral de sistemas de información y comunicaciones, la necesidad de coordinar las actividades informáticas, la desactualización tecnológica; espacio físico e infraestructura.

Sostiene que la situación descripta "pone en riesgo la continuidad de la prestación de todos los servicios públicos, toda vez que estos son soportados por sistemas informáticos", por lo que "resulta necesario y un deber de esta Administración Pública tomar los recaudos e implementar todas las medidas tendientes a garantizar la continuidad de los servicios públicos".

En este marco, la Gobernadora pone en manos de la Secretaría General la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para regularizar y garantizar la continuidad de los servicios informáticos, área a la que además autoriza a disponer las comisiones de servicios, adscripciones y traslado de personal que se determinen como necesarios para lograr los objetivos planteados.