Villa La Angostura > El juez de primera instancia en todos los fueros de esta localidad, Jorge Videla, citó a prestar declaración indagatoria al presidente de la empresa Codistel SA, Walter Luzzardi, y al responsable local del EPEN, Javier Abraham, quienes están imputados en una causa por presunta sobrefacturación por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios. Fuentes judiciales confirmaron que ambos imputados deberán declarar hoy por la mañana ante el magistrado y el fiscal Juan Pablo Balderrama, con la asistencia de sus abogados defensores.

Según la fuente consultada, la Fiscalía local determinó que presuntamente hubo un perjuicio para la Municipalidad cercano a los 100.000 pesos por la supuesta sobrefacturación que se detectó en un período de seis meses, en 2006.

La causa se originó en mayo de 2008, cuando el bloque de concejales de la UVAC denunció la supuesta sobrefacturación del servicio por parte de Codistel, cuando estaba a cargo de la concesión del servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos de Villa La Angostura.

Los ediles oficialistas denunciaron que Codistel había cobrado supuestamente sobreprecios, según el sistema de reajuste que funcionaba de acuerdo a la cantidad de medidores de luz en la localidad. Los datos de los medidores los suministraba el EPEN.

Los ediles habían estimado que la sobrefactuación rondaba los 500.000 pesos y, por eso, fueron a la Justicia. Aunque meses después fuentes judiciales indicaron que el monto sospechado era menor.

La empresa Codistel estuvo a cargo del servicio de la recolección y tratamiento de la basura durante varios años y el contrato finalizó el 31 de julio, luego de que fuera prorrogado por seis meses a pedido del Gobierno municipal.

Desde el 1 de agosto, el servicio está municipalizado a partir de una iniciativa que impulsó la UVAC, con el aval del intendente, Ricardo Alonso.

La salida de Codistel fue compleja y en medio de acusaciones cruzadas. Y su desvinculación generó hasta opiniones encontradas en el Ejecutivo municipal, donde había funcionarios que consideraban que era desacertado municipalizar el servicio.

Una fuente con acceso a los imputados aseguró el viernes que Luzzardi y Abraham comparecerán ante el juez y adelantó que declararán. Ambos estaban notificados de la convocatoria a finales de octubre pasado.

Demanda

Por su parte, Codistel, que tiene su base de operaciones en Bariloche, promovió una demanda contra la Municipalidad luego de que finalizara la concesión por la falta de pago de tres meses.

La causa logró a principios de este año ingresar al Tribunal Superior de Justicia, que la declaró admisible.

La ex concesionaria fue a la Justicia en agosto del 2008 para reclamar el cobro de 480.000 pesos correspondiente a abril, mayo y junio de ese año adeudados por la Municipalidad. Con el reajuste y los intereses el reclamo llega a los 800.000 pesos.