La provincia de Neuquén quedó, por ahora, al margen del esquema correctivo que impuso la Nación que puso blanco sobre negro el tema deudas y reclamos que siempre son motivo de especulaciones aunque sin fechas ciertas. El tema dominó la semana política en la provincia de Neuquén en función de que se plantea una decisión que puede condicionar el futuro cercano, por no tener que pagar vencimientos hasta el fin de la actual gestión en caso de adherir, o en el mediato porque se postergan los pagos hasta el 2030.

Después de varios días en los que hizo gestiones en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Jorge Sapag informó que la resolución del tema de las deudas no será inmediata e indicó que ofreció algunas salidas a las autoridades del Gabinete nacional. Pero “mientras tanto, seguiremos en una relación cordial con Nación. Lo cortés no quita lo valiente pero, la renuncia no es la única solución a los diferendos. Nación entiende que la renuncia es la única solución”, dijo Sapag.

Así como el gobernador recurre a su sustentación política integrada por los intendentes y presidentes de comisiones de fomento que, hasta ahora, le han respondido con lealtad y asistencia perfecta, la presidenta Cristina Fernández hace lo propio en el nivel federal y recurre a los gobernadores. En el esquema de enfrentamiento con sectores del campo y de concentración de capital, tiró un salvavidas a las provincias cuando resolvió coparticipar las retenciones a la soja y puso de su lado la tribuna de los gobernadores.

El Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, dispuesto en el decreto 660 del 10 de mayo, estableció pautas generales como períodos de gracia, tasa de interés y quitas para que las provincias puedan desahogarse en términos financieros y eliminen el problema en el horizonte. Claro que para acceder las provincias deben desistir de los reclamos judiciales, aunque en rigor de verdad el anexo del decreto habla de acuerdos no de desistimientos.

Neuquén es como una mosca en la leche porque es una de las provincias -Chubut es la otra, pero su gobernador se plantó en términos políticos en la vereda de enfrente del matrimonio presidencial- que tiene reclamos por regalías mal liquidadas. Las regalías por la explotación petrolera constituyen una buena parte del presupuesto neuquino.

La Nación le reclama a Neuquén que desista de 5 juicios. El gobernador ha manifestado que en tres de ellos no habría problemas porque se trata de acuerdos que involucran montos de dinero relativamente reducidos, en el cuarto juicio no hay una cuestión patrimonial en discusión y en el quinto, sí.

Las posiciones

¿Qué hicieron los demás gobernadores? Cinco provincias no están involucradas porque no tienen deuda con la Nación, el resto ya firmó y quedan afuera Neuquén y Chubut.

Mendoza firmó la semana pasada. Tenía un reclamo contra la Nación porque Cristina Fernández firmó un decreto, el 669, que amplió la promoción industrial (reducción de impuestos) hasta el 2027 a La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca y discriminó al Estado que administra Celso Jaque. Ahora se podrán incluir departamentos mendocinos en esta promoción. Córdoba, en tanto, llegó a un acuerdo monetario con la Anses para desistir de un juicio por 1.200 millones de pesos. Eran los casos más fáciles de resolver con medida políticas.

En el caso de Neuquén incluye inclusión política o exclusión monetaria y los voceros del gobierno nacional en Neuquén: el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, a través de su hermana, la senadora nacional Nancy Parrilli, dejaron en claro mediante posturas públicas que Neuquén debería aprovechar las ventajas de adherir al programa nacional y desistir de los juicios.

En términos de cabotaje doméstico, la discusión legislativa dibujó un escenario donde prevalecieron las dudas y las suspicacias, por lo que más allá de aclarar hubo confusión. La Cámara de Diputados sancionó una suerte de acompañamiento que no era muy específico en cuanto a acompañar o a dar la espalda al tema de fondo que es dejar de lado los juicios; continuar con los juicios en función de que la provincia, en términos aparentes, no tiene urgencias financieras como sí las tiene Río Negro; o una tercera opción que es llegar a un acuerdo que hasta ahora resulta esquivo. De todas formas mañana se podría producir algún tipo de diálogo entre la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Sapag cuando la mandataria participe del acto de inauguración de la clínica de los Petroleros Privados en Catriel, al norte de Río Negro.

Los acuerdos para que las provincias blanqueen sus diferencias con la Nación no han tenido un denominador común y la Casa Rosada trató cada caso en particular, pero no tuvo que tallar en reclamos que podrían condicionar a próximos gobiernos en términos monetarios. Esto lo sabe la presidenta de boca de Parrilli quien conoce en forma acabada lo que significó el oxígeno de los 614 millones de dólares que recibió la Provincia en 1993. Entonces, todo parece indicar que se abre para la Provincia un panorama de negociación que no será fácil donde jugará lo intitucional, lo judicial, lo patrimonial y, como emulando un diablo que mete la cola, lo político que está oteando el horizonte de las elecciones del año que viene.