En noviembre, una nena de 13 años ingresó con heridas al Hospital Público Materno Infantil. Los médicos descubrieron que la pareja de su madre la golpeaba, que había abusado varias veces de ella y que estaba embarazada.

La madre, tras un acuerdo con su hija, pidió que le hicieran un aborto a la niña. Esta práctica está permitida en el país cuando la gestación es producto de un delito sexual. Pero la asesora de menores Claudia Flores Larsen presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohibiera interrumpir el embarazo y el juez Víctor Soria le hizo lugar al pedido.

Además de ordenar que no se realizara la intervención, el magistrado dispuso que el Ministerio Público “allanara” el camino para dar en adopción al bebé cuando naciera. El aborto se terminó haciendo en otra provincia y la Corte de Justicia de Salta determinó que la práctica era legal porque la niña había sufrido una violación.

El fallo de Soria generó el rechazo de organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de violencia de género. La Fundación Entre Mujeres y la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos demandaron a la Corte de Justicia iniciarle a Soria un proceso de enjuiciamiento que podría terminar en su destitución.

Las acusaciones contra el juez, que se hicieron en febrero, quedaron formalizadas hace dos semanas. Posadas, como titular del órgano encargado de evaluar la conducta de los jueces, pidió el expediente para analizarlo.

El titular de la Corte de Justicia debe determinar en los próximos días si convoca a los miembros del jurado de enjuiciamiento para que evalúen la actuación de Soria y la posibilidad de removerlo. El juez de familia falló en contra del criterio del máximo tribunal salteño, que había confirmado que no se puede penar el aborto en casos de violación en la provincia.

El jurado de enjuiciamiento es el organismo encargado de juzgar el desempeño de los magistrados. Está presidido por Posadas e integrado por el juez de la Corte Guillermo Catalano; la fiscal de Estado Mónica Lionetto; los senadores Pablo Soto y Silvina Abilés; los diputados Santiago Godoy y Guillermo Martinelli y los abogados Guillermo López Mirau y Aldo Juárez.

El pedido de enjuiciamiento también está planteado contra la asesora Claudia Flores Larsen. Ambos funcionarios trataron de impedir que la niña abortara pese a que su padrastro estaba detenido por abusar de ella.

Panfletos anónimos contra la Corte

Días después de que organizaciones sociales demandaran formalmente iniciar un jury de enjuiciamiento en contra del juez Víctor Soria por tratar de impedir que una niña de 12 años violada por su padrastro abortara, circularon en Ciudad Judicial panfletos anónimos que pedían “defender la vida”. Los volantes también cuestionaban a la Corte de Justicia de Salta por haber fallado a favor del derecho de las víctimas de abuso sexual a interrumpir el embarazo.

“Como Francisco, digamos sí a la vida: Defender la vida no es una actitud conservadora sino progresista y con referencia clara al evangelio”, decían los folletos que se repartieron sin ninguna firma ni identificación.

Los panfletos defendían abiertamente al juez Soria, después de que lo cuestionaran medios de todo el país. “Hoy se castiga a magistrados por haber cumplido con su función, que es hacer cumplir la ley. En el caso que nos ocupa... el magistrado (Dr. Soria) ha fallado amparado en la ley”, sostenía el texto anónimo.

Los volantes también atacaban a la Corte de Justicia de Salta por haber resuelto que la niña de 13 años que había quedado embarazada como producto de la violación de su padrastro tenía el derecho a abortar.

“Qué incongruencia, señores, últimamente la Corte de Justicia se ha expedido castigando a quienes tan solo han tenido la valentía de proteger la vida... Sería bueno preguntarles cuál es su postura frente ante Dios o el Cristo del Milagro”, señalaba el panfleto.

En el país, el embarazo puede interrumpirse si es producto de una violación. Así lo determina el artículo 86 del Código Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este criterio en 2012, al resolver un caso similar al de la niña que sufrió el abuso de su padrastro en Salta.