En la sesión del 28 de octubre pasado la Cámara alta dispuso la modificación de varios artículos de la Ley de Educación Superior N° 24.521 sancionada en 1995. Esta reforma provocó malestar en las universidades del país y se dio un debate nacional donde los temas más discutidos en este marco fueron la autonomía y los exámenes eliminatorios.

En este contexto, el viernes pasado en la provincia de Buenos Aires hubo un encuentro de miembros de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (Afacimera), institución integrada por la gran mayoría de las facultades que desarrollan la carrera de medicina en nuestro país. El presidente de la entidad y quien es a su vez decano en la Unne, Omar Larrosa, dialogó con El Litoral y explicó los puntos más importantes que trabajaron con sus colegas en torno a la ley y las decisiones que tomarán al respecto.

“Hubo un intenso debate donde estuvieron presentes decanos de varias facultades que tenían interés en tratar la ley. Dialogamos con representantes de la Universidad de Salta, de Tucumán, de Cuyo, de La Plata y de Comahue. Se hizo un análisis profundo de la reforma y vamos a emitir un documento a facultades y al Consejo Superior sobre algunas contradicciones que encontramos en la ley”, dijo el doctor Larrosa a El Litoral. 

Entre los principales apartados debatidos por quienes dirigen las carreras, estuvo presente el artículo 2° que establece que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas”. Al respecto, el docente de la Unne dijo que se pone en duda la autonomía de las casas de altos estudios. 

Al mismo tiempo, en el encuentro del viernes pasado acordaron la necesidad de que las autoridades responsables echen claridad sobre el artículo 7°, el cual expresa que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Indica además que el ingreso “debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminador”. En este sentido  señalaron que deben aclarar qué lugar ocupan las universidades privadas.

Tras la modificación se eliminó el segundo párrafo del artículo 50, que permitía a las universidades con más de 50 mil alumnos que sea cada facultad la que defina el sistema de ingreso a las carreras. 

A la vez piden que expliquen el primer párrafo, ya que no estarían claros los criterios de calidad de las carreras. “Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso deben aprobar una (1) como mínimo”, dice el artículo 50°. 

El decano de la Facultad de Medicina de la Unne sostuvo que “hay contradicciones e incoherencias entre los artículos” y que emitirán un documento detallando cada uno de los artículos que encuentran difíciles de comprender y que podrían afectar el desempeño normal de las universidades.

“Se discutió la prohibición de suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización. Esto impacta en los ciclos de complementación curricular, como la educación a distancia, en lo que respecta al pago de docentes. Estos acuerdos se realizan para poder financiar esto, por ejemplo”, dijo Larrosa a El Litoral. 

Estas y otras consideraciones estarán en el documento que emitirá Afacimera. A partir de ahí se pedirá que cada organismo haga su interpretación de lo planteado por algunos de los decanos de Medicina del país. 

Por otra parte, Larrosa dijo que están en sesión permanente y que al no haberse emitido la ley en el Boletín Oficial permite que las autoridades correspondientes aclaren estos puntos señalados como contradictorios o confusos. “Lo importante es que hemos definido nuestro punto de vista y vamos a trasladar el mismo al Consejo Superior y a las facultades”, indicó. 

“No estamos en contra de los términos de la ley y de la bandera de la universidad pública, sí pedimos algunas aclaraciones y que se hable de la autonomía. Pedimos que expliquen las implicancias y alcances de la ley, que exista un análisis interno de la misma en cada facultad, no sólo en las que se dictan carreras de medicina. Tiene que haber un debate entre diferentes actores porque se está hablando del funcionamiento de la universidad pública”, expresó Larrosa a este medio.